Buenos Aires (C).- Ni siquiera los remanidos apuros del gobierno para la sanción de la ley de Responsabilidad Fiscal, con la que intentará convencer al FMI ante la nueva revisión por pautas incumplidas ante el organismo, lograron torcer el receso invernal que, de hecho, ha dispuesto el Congreso nacional.

Hace ya dos semanas que el Senado aprobó esa iniciativa, así como el pliego de Carmen Argibay o la extensión del Incentivo Docente por 5 años, proyecto que ahora espera ser tratado en la Cámara de Diputados.

De igual manera, la Cámara Baja avanzó por entonces con el proyecto de ley que plantea beneficios impositivos para inversiones empresarias en bienes de capital, un proyecto que acumuló quejas por favorecer a Techint, y que el oficialismo admitió para posibilitar que se fabriquen en el país los tubos que se usarán en el gasoducto que llegará a Santa Fe desde Bolivia. En cualquier caso, desde entonces no hubo sesiones en ambas Cámaras, aunque sí algunas tareas en comisión.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja que preside Carlos Snopek (PJ-Jujuy) dictaminó el miércoles último a favor del proyecto de Responsabilidad Fiscal -a pesar de cuestionamientos de la UCR, ARI y socialistas- que, sin embargo, sólo se tratará el 4 de agosto, cuando la mayoría de los legisladores regrese a sus tareas.

No es la única propuesta en espera en la Cámara Baja. Allí también aguarda la acusación contra el juez de la Corte, Adolfo Vázquez, que sería llevada al recinto el 11 de agosto.

En este caso, el despacho de la Comisión de Juicio Político se produjo en diciembre, pero hombres del oficialismo como Angel Baltuzzi (PJ-Santa Fe), con un criterio de tono partidista, cuestionó en algún momento no haber apuntado antes a Augusto Belluscio, un ministro del alto tribunal tradicionalmente ligado a la UCR.

De cualquier manera, se descuenta que Vázquez, quien enfrenta las mismas acusaciones que llevaron a la destitución de Eduardo Moliné O'Connor, correrá la misma suerte que quien le precedió en el juicio político.

Por otra parte, el receso invernal trajo algo de alivio momentáneo al oficialismo en el marco de los hechos de violencia callejera. No obstante, el tema también estará presente al regreso de la actividad, ya que el Interbloque Federal -que integra Alberto Natale, del PDP-Santa Fe- pedirá el juicio político del ministro Gustavo Béliz y la interpelación del jefe de Gabinete Alberto Fernández.

Ambos -gracias al respaldo del PJ- ya eludieron un pedido de interpelación de la oposición antes del receso, motivado por el conflicto que generó la toma de la comisaría 24 de La Boca por parte del piquetero oficialista Luis D'Elía. Sin embargo, los hechos de la Legislatura porteña anticipan nuevos conflictos en el futuro inmediato, en especial, para el ministro de Justicia.

Precisamente, el Interbloque Federal, junto a Horacio Pernasetti de la UCR, Adolfo Rodríguez Saá del Interbloque Provincias Unidas y Eduardo Macaluse

del ARI, reclamaron al presidente de la Cámara Baja por la "inactividad" parlamentaria y por considerarse relegados en las políticas de la Casa Rosada. El receso apagó también esos reclamos por un par de semanas.

Por el lado del Senado, el trabajo parece haber sido más prolijo en cuanto a la agenda inmediata. No obstante, tras las vacaciones informales, los representantes provinciales no tendrán una agenda menor.

Dos de los proyectos del Ejecutivo que forman parte del Plan de Seguridad y Justicia lanzado por Béliz tras el caso Blumberg aguardan el tratamiento en el recinto, con sus respectivos despachos ya elaborados por la comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Jorge Agúndez (UCR-San Luis).

La primera de esas iniciativas tipifica penalmente el delito de "vaciamiento de empresas", un tema que fue punto de conflicto en el marco de las modificaciones a la ley de quiebras tras la salida de la convertibilidad. La otra restringe las excarcelaciones en el marco de los procesos judiciales.