Buenos Aires (C).- El ministro Julio de Vido estuvo 4 horas y media frente a diputados de cuatro comisiones. Y a pesar del intenso debate, al finalizar el informe, el PJ logró despachar el proyecto de ley que ya aprobó el Senado y que en dos semanas podría aprobar la Cámara Baja, para darle a la Casa Rosada un instrumento poderoso y hasta aquí polémico.

La creación de Enarsa le permitiría al gobierno hacer contratos directos para la exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos y de energética en general, sin pasar por las normas administrativas y de control del Estado. Así lo admitió ayer el equipo del ministro Julio De Vido, respaldado por la mayoría de diputados del oficialismo, que según el presidente del bloque, José María Díaz Bancalari, y del santacruceño Eduardo Arnold, están dispuestos a "hacerse cargo" de la decisión.

El oficialismo justificó la necesidad de crear Enarsa para hacer frente a la crisis, creando un nuevo tipo de sociedad no contemplada en la Ley de Sociedades Comerciales. La definieron como "una empresa privada poseída por el Estado", pero de hecho sometida al derecho privado.

Según la versión aprobada por el Senado, en su artículo 6° la norma sólo estará sometida a los controles de las sociedades comerciales, lo que de hecho pone a la Bolsa de Comercio como contralor de la explotación de recursos naturales del país. La oposición cuestiona que la Sigen no podrá controlar a Enarsa, más allá de que el oficialismo plantea que los directores tendrán que responder.

Según Víctor Fayad (UCR-Mendoza) la "seguridad jurídica imprescindible" no está garantizada con esa figura. El legislador advirtió que Enarsa no podrá regular el mercado porque no tendrá capacidad de hacerlo, porque tampoco tiene capital inicial ni recursos naturales (el petróleo), que son de las provincias según reconoce la Constitución Nacional.

Alberto Natale (PDP-Santa Fe) advirtió por su parte que Enarsa podrá "integrar" exploración, explotación, transporte, distribución y comercialización de energía, algo que está expresamente prohibido por los marcos regulatorios del gas y la electricidad para evitar posiciones dominantes. Y se preguntó si prevalecerán las leyes especiales que crearon esos marcos, o la nueva ley que creará Enarsa.

Otro santafesino, Alberto Beccani, alimentó más dudas al plantear que el senador santacruceño Nicolás Fernández (PJ), que defendió el proyecto en el Senado, admitió que Enarsa será un "holding". Las facultades de las otras empresas asociadas no pasarán por el Congreso.

Luis Cigogna (PJ-Buenos Aires), fue el encargado de defender la postura oficialista con alguna línea argumental más allá de la decisión política del oficialismo. Recordó que Nucleoeléctrica Argentina (maneja centrales nucleares) no ha tenido inconvenientes. "La sociedad debe tener una gran agilidad en el mundo de los negocios", apuntó, y señaló que "los directores tendrán que rendir cuentas".

Además, dijo que existirá el control posterior de la Auditoría General de la Nación que depende del Congreso, que según el artículo 85 de la Constitución, tiene el control de legalidad sobre toda actividad de la administración pública "cualquiera sea su forma de organización".

Claudio Lozano (Fuerza Porteña-Capital Federal) se mostró partidario del proyecto pidió explicitar la garantía de que la mayoría estatal de Enarsa quede explicitada en la norma. Alicia Castro (Frente para el Cambio-Buenos Aires) adhirió a la iniciativa, pero sugirió crear un organismo de control específico para hidrocarburos como Petrobras en Brasil, para salvar las diferencias sobre el control estatal a Enarsa.

De Vido justificó a Enarsa en la necesidad de asegurar inversiones a tiempo. Cuestionó que la política aperturista de los '90 redujo las reservas de gas de 23 a 13 años, y las de petróleo de 15 a 8 ó 10 años por falta de inversiones privadas. Para evitar la reedición de la crisis dijo que hay tres gasoductos en marcha, que Yacyretá completará su cota en 2007 y que Atucha 2 se encaminará en 2008.

Cabe recordar que el proyecto de ley adjudica a Enarsa la titularidad de los permisos de explotación y las concesiones de áreas marítimas no concesionadas. Son cerca de un millón de kilómetros cuadrados cuyo dominio -según De Vido- detenta la Nación, y que podrán ser adjudicados en forma directa para exploración o explotación petrolera a través de Enarsa.

Natale interpretó que hasta las 200 millas de plataforma continental se extiende el dominio de las provincias del litoral marítimo, y Federico Pinedo (Compromiso para el Cambio-Capital Federal) recordó que sólo por "los bandos de Onganía" se puede interpretar que más allá de las 12 millas la jurisdicción es federal.

De Vido descartó que la eventual transferencia de las acciones de Enarsa pueda suponer privatizar la plataforma. La ley propuesta impide que las acciones del Estado (53%) se puedan transferir, y son las únicas que tendrán voto. Las acciones de las provincias que suscriban (12%) sólo podrán volver al Estado nacional, y las del sector privado (35%) no tendrán derecho a voto.