Contaminación
El bloque de diputados del Partido Demócrata Progresista ingresó a la Cámara un pedido de informes para conocer si la Secretaría de Medio Ambiente ha efectuado estudios sobre los índices de contaminación de las aguas de los arroyos Cululú, Las Prusianas y Cañada de las Calaveras en el departamento Las Colonias y en caso afirmativo sean remitidos al cuerpo.
En otros puntos requiere saber si hay controles sobre los índices y el impacto ambiental y los convenios firmados con municipios y comunas afectadas y registro del impacto ambiental regional desde la ciudad de Rafaela y el desagüe de las aguas en el río Salado.
Tasa rosarina
Un grupo de diputados justicialistas encabezados por Laura Venesia firmaron un pedido de informes respecto a la legalidad del cobro de una tasa por parte de la Municipalidad de Rosario. Se refieren a la tasa por prestación del servicio de contraste y contralor de los instrumentos de medición de la energía eléctrica que establece una ordenanza del año 1962. Se trata del 1,8% sobre el monto de facturación por kilowatt consumido, además del 6% preceptuado por el artículo 128 de la Ley 11.727 como sustitutivo de todo gravamen o tributo de origen municipal y/o comunal.
Venesia entiende que hace 42 años la Municipalidad de Rosario cobra dicha tasa pese a que "jamás ha prestado el servicio cuya contraprestación percibe. Además, ello es de cumplimiento imposible puesto que la EPE no permite al municipio que retire sus medidores e instale otros para establecer la fidelidad del original". Agregó que "en muchas ocasiones se han efectuado constataciones y nunca fue posible localizar en la Municipalidad de Rosario la secretaría, dirección, dependencia, oficina, sitio o personal a cuyo cargo se encuentre la ejecución de este servicio, ni los elementos para llevarlo a cabo. Se está cobrando a los vecinos usuarios residentes en Rosario un servicio inexistente" acotó.
Además de Venesia firmaron el proyecto sus pares Jorge Lagna, Mario Lacava, Marcelo Gastaldi, María Rosa Stanoevich, Liliana Meotto y Claudio Tibaldo.
Calidad ambiental
La diputada justicialista Francisca Sánchez reclamó a Medio Ambiente que haga cumplir las normas de calidad ambiental establecidas en la ley 11.717.
La legisladora sanjavierina resaltó la necesidad de destacar a través de una etiqueta oficial los productos o las prestaciones de servicios que respeten las normas de calidad ambiental, y los principios establecidos en dicha ley.
Convenio
Carlos Castellani (Ucedé) solicitó informes por el incumplimiento de un convenio firmado durante la primera gestión de Jorge Obeid con la Mutual de Cristiana Ayuda Familiar para realizar mil viviendas en el departamento Rosario.
Dicha entidad es apoderada del Arzobispado de Rosario y Cáritas Arquidiocesana para el desarrollo de los proyectos sociales y culturales y el acuerdo con la provincia contemplaba la posibilidad de construir viviendas para los grupos familiares que surjan de los relevamientos que se realizaran. El primer convenio fue para levantar 86 unidades en Arroyo Seco.
La Mutual de Cristiana Ayuda Familiar, concretó la parte correspondiente a esa obra en tiempo y forma realizándose la entrega de las mismas seis meses antes del plazo establecido con las correspondientes verificaciones técnicas y condiciones de habitabilidad superadas. Pero el resto, según Castellani, nunca se pudo concretar por los innumerables incumplimientos del gobierno y particularmente de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
Colegiación
La Agrupación de Profesionales de Educación Física de Santa Fe saludó la media sanción que obtuvo en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires el proyecto para la colegiación del sector.
La entidad está trabajando en Santa Fe sobre un proyecto de ley que intenta ordenar la actividad de los más de 10.000 profesionales de educación física que existen en la provincia. El proyecto fue aprobado por el Senado y se encuentra en evaluación en la comisión de Asuntos Laborales de Diputados, ámbito donde los integrantes de la Asociación mantienen reuniones y conversaciones periódicas.
Para cumplir la norma
El diputado Antonio Riestra solicitó al Poder Ejecutivo que dicte los actos administrativos para asegurar la gratuidad en los trámites establecidos por la ley nacional 25.914. Este ordenamiento prevé un régimen de indemnización para las personas que hubieran nacido durante el cautiverio de su madre, o que, siendo menores, hubiesen permanecido en cualquier circunstancia detenidos con relación a sus padres o hayan sido víctimas de sustitución de identidad, en el marco de la última dictadura militar.
La norma se sancionó el agosto de este año y el diputado del ARI pretende garantizar la gratuidad en los trámites que deban hacer los beneficiarios de la ley en el ámbito provincial, y así facilitar el cumplimento de sus objetivos.
Mirando los números
El ARI solicitó al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución presupuestaria 2004 durante los meses de enero a julio de acuerdo a la jurisdicción, finalidad, recursos y erogaciones.
El pedido se fundamenta en la pretensión de comenzar a analizar la información básica previa ante el inminente tratamiento del presupuesto 2005 en función de las obligaciones normativas vigentes.