El Concejo Municipal resolvió suspender la habilitación de nuevos boliches bailables en el macrocentro de la ciudad -que incluye a la Recoleta santafesina-, al tiempo que convocó a la Comisión de Control de espectáculos públicos para realizar operativos contra la creciente inseguridad y el mantenimiento del orden público durante la noche.

En la sesión de ayer, los ediles avalaron un mensaje del Ejecutivo que impide la instalación de nuevos locales como discotecas, pubs y confiterías bailables (boliches), en la zona comprendida por los bulevares Gálvez-Pellegrini, Av. Freyre, Av. Gral. López y Av. Rivadavia.

Desde hace varios años, las actividades generadas en torno a los locales de diversión nocturna ubicados en zonas residenciales se volvieron insoportables para los vecinos, debido a los problemas y molestias que causaban y que dieron lugar a quejas continuas de los residentes en este sector de la ciudad.

Con la norma aprobada, se busca evitar la radicación de nuevos locales, aunque de ninguna manera estarán afectados en su funcionamiento los que ya se encuentran habilitados, ya que esta prohibición rige a futuro: los boliches ya instalados tienen "un derecho adquirido", y por lo tanto no se los puede desalojar.

Cabe recordar que a través de la nueva zonificación del área portuaria, dispuesta pocos días atrás, ya se había autorizado la radicación de confiterías bailables y discotecas en dos zonas del nuevo Distrito Ciudad Puerto.

Ayer, el bloque oficialista no dio sus votos a la propuesta de los bloques radicales encabezados por Darío Boscarol y Leonardo Simoniello, quienes proponían incentivos tributarios y la extensión de los horarios de cierre para que los boliches existentes se trasladen de la actual zona céntrica hacia el puerto.

En concreto, la iniciativa impulsaba la reducción de un 75% de las tasas municipales y la posibilidad de extensión de horario de cierre hasta las 7.

La oposición sí pudo convencer al PJ para convocar a la comisión permanente de control de los espectáculos públicos, creada años atrás.

El proyecto de Boscarol se fundamentó en la necesidad de diseñar, planificar y proponer medidas de seguridad orientadas al mantenimiento del orden público y la prevención de delitos, en el ámbito de Recoleta.

"Los problemas relacionados con pequeños desmanes, altercados, delitos, peleas, robos, accidentes de tránsito y hasta heridos, han llegado a un grado muy preocupante", sostuvo el edil de la UCR.

Como muestra, el edil dio a conocer un informe elaborado por la Policía, que da cuenta que durante este año hubo más de 900 detenidos en un lugar donde se concentran miles de personas los fines de semana.

En el listado, se observan más de 200 detenidos por estado de ebriedad, y otros tantos por delitos, amenazas y portación de armas.

La comisión creada por ordenanza tiempo atrás, que permite la convocatoria incluso de los propietarios de boliches, tendría la misión de implementar medidas de restricción vehicular y la colaboración de un cuerpo de inspectores permanentes para detectar y sancionar infracciones por ruidos molestos y arrojo de desperdicios en la vía pública.

Otra vez el transporte público ocupó buena parte de la sesión. Y otra vez salieron a la luz las diferencias entre los bloques de la oposición y el oficialismo, que ayer en soledad votó una norma que permite que la línea 9, una de las últimas autogestionadas, pueda ser absorbida por los grupos económicos a cargo del sistema.

Pero para ello tuvo que buscar una salida alternativa a la propuesta del DEM, cuyo proyecto establecía explícitamente la cesión precaria de ese corredor a la empresa 7 de Marzo SRL. El PJ en cambio prefirió suspender hasta enero de 2005 el envío de los pliegos de la nueva licitación del transporte.

De esta manera, destrabó la condición de que los grupos económicos tengan a cargo tres y sólo tres corredores. Ahora podrán interesarse en la Línea 9, pero de todas formas se supone que también quedará en manos de la empresa antes mencionada, aunque el Concejo logró así evitar "favoritismos", tal como señaló el presidente del bloque, Darío Giménez.

El proyecto votado tuvo la negativa del radicalismo y el socialismo, quienes una vez más cuestionaron las acciones del municipio en materia de transporte.

"Estamos convencidos que esta es la continuidad de una política por la cual, la empresa 7 de Marzo, no sólo se ha quedado con los tres corredores, sino que se le va a otorgar también la línea 9", dijo Leonardo Simoniello, de la UCR-Encuentro.

"Esta firma (7 de Marzo) no tiene bienes, se creó para esto y se volvió una ficción utilizando una herramienta jurídica para quedarse con estos corredores. El municipio mantiene su situación de rehén frente a los dos o tres operadores políticos, empresariales y gremiales, que manejan el transporte en la ciudad".

"Esto lo lamentamos, porque esta situación se va a ver en la próxima licitación", advirtió el edil.