A un mes de la fecha en que se decretó la quiebra de Sociedad Médica de Santa Fe, el CPN Daniel Ponce, uno de los síndicos que tiene a su cargo la liquidación de la institución, dialogó con El Litoral en relación a la situación actual del proceso para el que fue seleccionado el estudio contable que representa.

Su mayor preocupación pasa por las 102 personas que trabajaban en ella, tanto en sus oficinas administrativas como en el sanatorio Laureano Maradona, además de los médicos y prestadores que canalizaron su actividad a través de esa institución. Pero también debe resolver -junto a sus colegas Carlos Miniello y Ernesto Ortiz, todos de Rosario- la situación de los cerca de 800 afiliados de Somedic Salud -prepaga que también pertenecía a Sociedad Médica- que no cuentan con su correspondiente cobertura médica.

"Somos conscientes de que es un caso complicado, como en toda liquidación de concurso de quiebra, pero además hay una exposición pública muy grande. Se trata de la primera quiebra de una sociedad médica en todo el país y que es distinta a las quiebras o concursos de las obras sociales o sanatorios. Es la entidad médica la que se está liquidando, lo que es triste y complicado, a la vez", opinó Ponce. Por eso, concluyó que "en principio, prácticamente Sociedad Médica terminó en todas sus funciones y actividades, aunque puede haber algunas excepciones".

Explicó que el estudio que integra asumió el cargo de síndico, inmediatamente después de que fuera designado por el juez que entiende en la causa. Aclaró que "si bien está compuesto por contadores radicados en Rosario, tenemos un acuerdo con el estudio del contador Manuel Prono para complementarnos en Santa Fe y tener la presencia necesaria para todos los asuntos de este caso y rápidamente tomar decisiones en todo lo que haga falta".

El contador planteó que se está trabajando en el desapoderamiento e incautación de todos los bienes que pertenecían a Sociedad Médica (entre los que se cuentan inmuebles, rodados, computadoras, muebles, cuentas a cobrar, cuentas del banco), el cobro de las cuentas por cobrar y estudiar de qué manera se venderán todos los bienes.

Mientras tanto -explicó-, le daremos algún alivio al personal que venía trabajando tanto en el sanatorio como en la administración de la Sociedad, que lamentablemente hace muchos meses que está sin cobrar y que ha sufrido -de la misma manera que los médicos- el efecto de esta situación de quiebra.

Aseguró que "la prioridad la tiene el personal que por ley son los acreedores laborales privilegiados. Hay otros con distintos rangos de privilegio y, en un informe, que haremos oportunamente, le diremos al juez quiénes son los acreedores (como el fisco con sus impuestos y leyes sociales, los médicos, los proveedores, todo aquel que tenga algo que reclamarle a la Sociedad) por qué monto y en qué orden".

Por este motivo, se juntó una suma próxima a los 10.000 pesos y -con autorización del juez- se prevé pagar al personal 100 pesos. Ponce indicó que "hay gente que no cobra desde hace 4 meses y otros hasta un año. Parece una cifra ridícula pero es lo que hay. Además, trataremos de hacernos de fondos rápidamente, por ejemplo, con la venta de las ambulancias, o con lo que se vaya cobrando, para ir repartiéndoles algo más".

Agregó que "en vez de mandarles el telegrama, como se acostumbra a quienes quedan despedidos, les dimos una copia certificada de la sentencia de quiebra para que la puedan llevar a la Ansés y otros organismos para gestionar el subsidio por desempleo".

En relación a lo facturado por los profesionales, Ponce adelantó que se trata de "dinero cobrable porque hay convenios celebrados con distintas obras sociales, aunque vienen siempre con atraso en los pagos -y en estos casos, mayores- porque la situación de quiebra lleva a plantear una espera antes de pagar, para ver cómo está la situación".

Consultado respecto de la posibilidad de que la institución continúe con alguna de las actividades que venía realizando -en especial, el sanatorio-, explicó que "es muy difícil porque no es una empresa industrial o comercial sino que la actividad en salud es complicada y está regida por una legislación específica, que hay que respetar. No está descartada en 100% la posibilidad de organizar una cooperativa para que esté al frente del sanatorio pero lo vemos difícil".

"Poner nuevamente en marcha un sanatorio requiere una inversión en equipamiento, farmacia y muchas otras cosas, además de juntar fondos para cubrir los gastos hasta tanto se empiece a cobrar lo que se facture, si se factura, si alguien lleva pacientes. Además, hay un factor de confianza que está muy deteriorado y difícilmente los médicos lleven a internar pacientes a ese sanatorio, por más que les garanticemos que está todo bien".

Por otra parte, Ponce manifestó que se avanza para poder cobrar todo lo que haya por cobrar pero que todavía no se puede pagar lo que se debe porque el procedimiento de la quiebra consiste en llevar a pesos todos los bienes de la Sociedad y luego, con un proyecto de distribución, pagar hasta donde alcance y en el orden que corresponda, tal como prevé la ley.

En relación con la empresa de medicina prepaga, Ponce opinó que "tuvo alrededor de 9.000 afiliados y hoy tiene menos de 800. Son los que no se han podido ir porque no son recibidos en ningún otro lado: son los mayores de 70 ú 80 años, los que deben recibir tratamientos costosos, como oncológicos o diálisis".

Agregó que "sólo le vemos alguna posibilidad y bastante complicada a los convenios que tenía Sociedad Médica con muchas obras sociales, que lo hacían -en algunos casos- junto con la Asociación de Clínicas y a través de Camos. Le permitía a los médicos facturar. Tenemos que ver cómo reemplazamos a la Sociedad Médica en esa tarea administrativa. La responsabilidad es nuestra y es una cuestión delicada, que significa mucho dinero".

Por último, Ponce precisó, en relación a la parte gremial que también atendía Sociedad Médica, que mantuvo reuniones con dos grupos de médicos, que le plantearon sus reclamos y expectativas.

"Aparentemente, hay dos grupos antagónicos y algunos quieren despegarse del grupo que estuvo conduciendo la institución hasta ahora, cuando éstos dicen que algunas cosas son recuperables. Eso es una cuestión de los médicos, que tendrán que hacer una asamblea en la forma que corresponda, elegir nuevas autoridades, o hacer una nueva entidad. Es una cuestión gremial en la que no podemos ni debemos intervenir".

No obstante, indicó que "sí podemos tratar de que no se corte la cadena prestacional en donde el paciente, que es el perjudicado final en esta historia, no tiene a quién acudir porque el médico no puede facturar por su servicio".

El 20 de agosto de 2004 se declaró la quiebra de Sociedad Médica de Santa Fe.

Hasta el 8 de octubre los acreedores pueden reclamar a la sindicatura sus créditos.

El 23 de noviembre es el plazo para informar al juez el resultado de los reclamos de acreedores, quiénes son y cuáles deben cobrar. La sindicatura debe actualizar el listado de los que ya habían sido incluidos en el concurso de acreedores, con otra sindicatura, hace 2 ó 3 años, y agregar los nuevos acreedores hasta la fecha.

En febrero de 2005 se debe presentar un informe general donde la sindicatura debe explicar las causas que, a su juicio, llevaron a que se produjera la quiebra, además de la identificación de los bienes para liquidar y la forma en que se lo hará, entre otros aspectos.

Sin fecha: se debe indicar -luego del informe general- al juez cómo se venderán los bienes de la institución.