La Legislatura, en vísperas de las fiestas navideñas, condonó la deuda de unos 20 mil usuarios de la ex Dipos, destacando el sentido social de la iniciativa, aunque la medida tiende especialmente a descomprimir la tarea de Fiscalía de Estado, que tiene a su cargo el cobro de unas 37 mil cuentas pendientes.

Al proyecto lo votó Diputados, no sin discusiones, y fue convalidado en la misma tarde por el Senado.

La ley condona las deudas actualizadas al 31 de agosto último de hasta mil pesos, se encuentren con o sin plan de pago y en instancia judicial o no, siempre que el beneficiario no supere en sus ingresos mensuales la suma de mil pesos. También se condonó la deuda a los usuarios informados como casos sociales por el Enress y que se encuentren exceptuados del pago del servicio de aguas y cloacas prestado por Aguas Provinciales de Santa Fe, cualquiera sea su monto.

Además, dispone que en los casos en que correspondiere abonarse gastos efectivamente realizados y honorarios profesionales, éstos serán soportados por el orden causado y en ningún caso podrán exceder el tres por ciento del monto del capital e intereses comprometidos.

El Poder Ejecutivo habilitó el miércoles el tratamiento del proyecto, así como otro referido a un plan de facilidades de pagos para esos usuarios de la ex Dipos. La falta de acuerdo político obligó a diferir para febrero la moratoria.

En cuanto a la condonación, ayer hubo, en Diputados, despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, pero fueron los jefes de bloque los que, en la Parlamentaria, dibujaron el texto definitivo que se sancionó a las pocas horas.

El proyecto había sido presentado la semana pasada por el jefe del bloque justicialista, Mario Lacava, y la comisión de Presupuesto se encargó, a pedido de los radicales Qüesta y Marcucci, de incorporar a los casos sociales en la condonación. A continuación, los abogados reclamaron no dejar en zona gris los honorarios y entre todos acordaron ponerle un límite.

En el recinto, Marcelo Brignoni (Encuentro Popular) y el radical Santiago Mascheroni votaron y fundaron su voto contrario, mientras que la arista Verónica Benas expuso el aval crítico al proyecto por la falta, entre otras cosas, de datos ciertos sobre los efectos de la condonación.

Gabriel Real (PDP), Raúl Lamberto (PS), Hugo Marcucci (UCR) y los justicialistas Mario Esquivel y Danilo Kilibarda expusieron razones para avalar el proyecto desde lo técnico y lo político, aunque los tres primeros se diferenciaron de la actitud oficialista y cuestionaron la ineficacia del Estado para cobrar deudas de un organismo que desapareció hace más de 9 años.

Brignoni entendió que no se debía votar la condonación porque " ya no hay más deuda", por entender que la prescripción vence a los cinco años. Precisamente, el plazo de la prescripción ( 5 ó 10 años) para reclamar deudas fue uno de los temas de discusión. "No podemos resolverlo nosotros. Sí podemos dar una respuesta política a un problema social", afirmó Lamberto para zanjar las diferencias. "Estamos resolviendo políticamente algo plagado de opiniones diferentes", manifestó Benas. "Estamos haciendo un regalo navideño para los sectores más desprotegidos, pero no es responsable este tipo de procedimiento", agregó.

Mascheroni se quejó de la decisión porque, a su entender, abre la posibilidad de cobrar deudas prescriptas e instó "a tomar el toro por las astas y beneficiar a los que deben beneficiarse, y no indiscriminadamente".

Sobre el final, Kilibarda se encargó de aclarar que la ley no modifica los plazos de prescripción y otorga al deudor la certeza jurídica de tener condonada la obligación.

En el Senado, más allá de alguna queja opositora por el apuro en tratar la cuestión, el proyecto fue convalidado por unanimidad.

Al 31 de agosto último, la deuda actualizada con la ex Dipos de usuarios alcanzaba a 47.286.668 pesos con 70 centavos y los deudores eran 36.849.

La ley votada contaba a 19.009 usuarios por 14.756.996 pesos. La inclusión de los casos sociales ampliará el número de beneficiarios por la norma.

Dos años atrás, una ley había condonado la deuda de hasta 500 pesos.

Un informe de Fiscalía de Estado indica que a septiembre se habían cancelado 310 cuentas.

Ambas cámaras legislativas dispusieron adherir al decreto de asueto administrativo para el 31 del corriente decidido por el Poder Ejecutivo por lo que las dependencias permanecerán cerradas.

La semana próxima no habrá actividad parlamentaria y tras el receso de enero, en los primeros días de febrero será retomado el período extraordinario de sesiones.