Un documento de la Faca sugiere llevar a un tribunal internacional la cuestión.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca) aprobó en su última Junta de Gobierno un documento donde plantea la ilegitimidad de parte de la deuda externa, el carácter usurario de las tasas de interés durante la década del '80 y discute el rol del FMI en la discusión por la deuda. El documento advierte, además, sobre el riesgo de la prescripción en materia penal de la acción a negociadores argentinos.
Advierte que la "frustración del desarrollo, de la pobreza, la marginalidad, la inseguridad y las causas extremas de privación reconocen en el caso de la Argentina a la deuda externa como su casi exclusivo productor".
Los abogados de 79 colegios del país, nucleados en la Federación, dedican la primera parte del texto a analizar la génesis de la deuda latinoamericana. Resaltan que "se debió al carácter usurario del alza unilateral e ilimitada de las tasas de interés, decidido por la Reserva Federal de los EE.UU. en 1980" y subraya que los países deudores pagaron en concepto de intereses sumas varias veces superiores a las deudas originales.
Destacan que "la intervención del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial aparecen operando como instrumentos del capital financiero internacional".
Deuda injusta
La Faca se pregunta si los argentinos realmente debemos 180 mil millones de dólares y entiende que la oferta del 25% equivale a un reconocimiento del 100%. "La realidad es que no se debe el 100%, si se separa la deuda legítima de la ilegítima; si se separa lo que es responsabilidad de la Argentina del porcentaje que corresponde atribuir a los organismos internacionales de crédito, a los agentes financieros, a la banca internacional y a la participación que en las negociaciones cupo a los responsables argentinos por abuso de atribuciones o, lo que es peor, lisa y llanamente, por corrupción. Si detraemos de la deuda los datos referidos, se llega a la curiosa conclusión de que poco o nada se debe".
La Federación sugiere una discusión jurídica de la cuestión, entendiendo que "quienes contrataron con los distintos gobiernos argentinos como mínimo debieron verificar si los negociadores estaban legitimados para contraer obligaciones". Cuestiona el rol del Congreso en esta etapa y el haber permitido el avance del Poder Ejecutivo.
La entidad sugiere la búsqueda de una acción declarativa de la Corte Internacional de Justicia sobre el origen de la deuda.
El documento concluye con una advertencia respecto de la prescripción de la acción penal. "En cuanto al accionar contra los responsables argentinos, debe tenerse presente, con relación al megacanje y a la desorbitada comisión que se abonó para adeudar más de lo que se estaba debiendo, que existe en trámite un proceso judicial que debe activarse para no caer en el riesgo de que con la prescripción de la acción penal concluya la investigación y se frustre la sanción de los responsables, como lamentablemente ocurrió con los involucrados en la causa iniciada por Alejandro Olmos, probados culpables pero sin castigo".
Por último, afirman los abogados tener la convicción de que "el problema debe y puede superarse con arreglo a derecho".