El Poder Ejecutivo pretende autolimitarse para la postulación de los futuros candidatos a ocupar las vocalías en el Tribunal de Cuentas y remitió a la Legislatura un mensaje estableciendo cómo se hará el proceso de selección de los nombres que luego deberán ser validados por la Asamblea Legislativa. También el Ejecutivo pretende un mayor grado de exigencia en el caso de los futuros jueces comunales los que deberán tener título de abogado y someterse a una prueba ante el Consejo de la Magistratura.

Las dos iniciativas fueron habilitadas para el tratamiento en extraordinarias de la Legislatura tal cual lo anticipado ayer por El Litoral. Estos nuevos temas se suman a otros mensajes que ya están a consideración del Poder Legislativo y que podrán ser tratados desde febrero como la transformación de la Empresa Provincial de la Energía bajo la órbita del Estado; la reforma parcial de la Constitución y derecho al libre acceso a la información.

Uno de los mensajes reglamenta el ejercicio de la facultad constitucional del gobernador de designar con acuerdo legislativo a los vocales integrantes del Tribunal de Cuentas. "La intención es que los postulantes tengan un perfil acorde con los requerimientos que impone una sana y eficiente administración", reza en los fundamentos del proyecto.

Para perfeccionar el mecanismo de selección de postulantes se propicia efectuar un concurso de antecedentes y oposición cuya evaluación estará a cargo de un jurado que designará el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas, bajo su presidencia. El procedimiento tendrá garantizada la participación ciudadana.

El Ejecutivo propone abrir un registro de postulantes cuya evaluación de antecedentes y prueba de oposición estará a cargo de un jurado que designará el propio poder administrador. "Todo el proceso se desarrollará en un prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes técnicas y morales y su compromiso con la defensa de los valores democráticos y los intereses públicos que los hagan merecedores de tales funciones", dice el artículo.

Esa comisión seleccionará una terna cuyos datos serán publicados en el Boletín Oficial y en medios de la provincia y dichos profesionales deberán presentar una declaración jurada con los bienes. Con dicha publicación, los habitantes, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, y entidades académicas de la provincia podrán opinar, por escrito y de modo fundado y documentado, sobre los candidatos. La iniciativa también permite la consulta a organizaciones profesionales, judiciales, académicas, sociales, políticas y de derechos humanos y obliga a solicitar a la Afip y a la API, preservando el secreto fiscal, un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los ternados.

El otro nuevo mensaje del Ejecutivo fija los procedimientos para designar jueces comunales los que además deberán ser profesionales del derecho.

Además del título, los futuros jueces deberán aprobar un examen de idoneidad técnica cuya realización estará a cargo del Consejo de la Magistratura.

El Poder Ejecutivo también se obliga a publicar el nombre de la terna de candidatos para que opine la ciudadanía a través de sus organizaciones no gubernamentales o de profesionales. Los candidatos a su vez deberán presentar una declaración jurada de bienes y habrá una consulta tanto a la Afip como a la API sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.