El calendario de comicios para diputados nacionales pone en juego una ley de reciente sanción que unifica la elección de esa categoría en todas las provincias, en el cuarto domingo de octubre. Si bien esta primera instancia puede suponer especulaciones del poder central sobre el efecto que tendrá la medida a su favor, la imposición de una fecha prefijada por ley implica a largo plazo -si se respeta- una regla de juego clara, lejos de las manipulaciones del gobierno de turno.

El sistema de internas abiertas y simultáneas es el segundo dato destacable del año comicial, en lo que constituye un desafío para romper con las tradicionales manipulaciones y democratizar los procesos internos. Sin embargo, se debe observar que por sí mismo el sistema no garantiza más calidad política, en tanto los partidos sigan vaciados de actividad, y mientras los dirigentes de mayor peso especulen con la ingeniería electoral para la mera imposición de sus voluntades.

Otro aspecto relevante es la aplicación de la ley 25.600 de financiamiento de los partidos políticos, sancionada en 2002, que fija topes a los gastos en las campañas electorales y prohíbe aportes anónimos a los partidos, al tiempo que los obliga a rendir cuentas ante la Justicia electoral, bajo la supervisión de la Auditoría General de la Nación.

En esta sensible materia, sin embargo, se plantean severas dudas en torno a la capacidad institucional para lograr la transparencia deseada. El gobierno nacional y varios partidos de la oposición aún están complicados por la rendición de cuentas de la última campaña presidencial, en tanto que la Justicia y la Oficina Anticorrupción investigan la denuncia del ex ministro del Interior, Gustavo Béliz, acerca de un fondo de unos 100 millones de pesos que el ex presidente Eduardo Duhalde y el actual mandatario nacional, Néstor Kirchner, habilitaron con carácter reservado, para ser destinado desde la Side al financiamiento de campañas electorales.

A principios de este año, y como aplicación de la referida norma, la Justicia electoral dispuso sancionar a los partidos que no cumplieron con la rendición de cuentas de la última campaña. Mientras tanto, desde la oposición ya se han formulado acusaciones por discrecionalidad en la distribución de los fondos extraordinarios para años con comicios, previstos por la ley y contemplados en el presupuesto, pero manejados desde la cartera política del gobierno.

No fueron pocas las organizaciones no gubernamentales que antes de la sanción de la ley -y con respaldo de la Mesa de Diálogo Argentino- propusieron sin éxito la creación de un ente autárquico, sin identificación partidaria, que se encargaría de administrar el financiamiento a los partidos. Sería básicamente una Agencia Federal Electoral, que entre otras responsabilidades -como el manejo de los padrones- distribuiría los fondos con criterios objetivos e independientes del poder.

La discusión sobre las listas sábana, o la manipulación de boletas para unirlas en distintos niveles electorales, son materias que todavía esperan una resolución para aportar a la necesaria transparencia política. Sancionadas o pendientes, las normas no garantizan por sí mismas una mejor cultura política; pero suponen un principio de acción y la exigencia del respeto a la ley, primer paso indispensable para consolidar la democracia y construir la República.