Tras la sorpresiva decisión de dejar sin efecto la licitación para la modernización y el fortalecimiento de la administración tributaria municipal, que en muchos sectores se interpretó como una tercerización o privatización del cobro de los tributos, la pregunta obligada es qué alternativa se va a seguir para mejorar la recaudación, precisamente una de las metas que, según esta administración, justificaba el proyecto.

El secretario de Hacienda de la Municipalidad Fernando Giusti resumió las acciones desarrolladas durante el año pasado y previstas para este año, que se basan en una severa política de control, particularmente dirigida hacia quienes "pueden pagar y no quieren". Varias de esas medidas provienen de un proyecto elaborado por agentes de carrera de la Dirección de Rentas y por el propio Ejecutivo, presentado hace más de un año, puesto en práctica en forma parcial y, aun así, con resultados positivos.

Algunas decisiones estuvieron vinculadas con la incorporación de tecnología. Ese concepto se va a mantener durante este año, aunque al ritmo que permitan los fondos: "La licitación habría permitido una inyección rápida de tecnología y capacitación del personal y en técnicas de control de gestión". "Hoy por hoy -consideró el funcionario- la Municipalidad no está en condiciones financieras de hacerlo".

Al igual que el intendente Martín Balbarrey, Giusti negó que la licitación haya pretendido tercerizar el cobro de los tributos. "Si se leen los pliegos, en ningún momento los padrones o la decisión de apremios fiscales pasan a manos de una empresa. Tal vez haya habido una mala interpretación y se impuso la idea de tercerización. El objetivo es la modernización e incorporación de tecnología, que es lo que hoy la Municipalidad no puede hacer".

Algo se logró: se instaló un sistema georreferencial de grandes contribuyentes, que permite controlar quiénes pagan y quiénes no. Si bien llevó un año, se modernizó el Tribunal de Faltas, se desarrolló el sistema de call center para atención de reclamos, un sistema de inventarios, una carga de títulos ejecutivos, el sistema de grandes contribuyentes, otro para regularizar la situación catastral en La Guardia y Colastiné, y un sistema geocodificado de luminarias.

Se compraron computadoras, pero "las que se retiraron no se pueden poner en otro lado; hay que tirarlas -graficó- porque el atraso tecnológico es de 15 años".

También hay planes para este año: incorporar un sistema para el seguimiento de expedientes y de apremios en Fiscalía, y otro de administración financiera. Asimismo, se trabaja el sistema de registro e inspección para pequeños contribuyentes y se va a encarar para tasa de inmuebles. "No es que se renuncia a la tecnología y capacitación, sino que se intentaba con este proyecto hacerlo más rápido".

Aquel proyecto presentado por Rentas fue dividido en dos: la modificación de la ordenanza tributaria que se puede hacer con o sin una empresa, por un lado, y una serie de medidas para mejorar la recaudación, por el otro. En ese sentido, se instalaron una oficina y una caja para grandes contribuyentes que ahora pagan sólo en la Municipalidad. Esto produce un ahorro en las comisiones bancarias. Se colocaron boxes en la sección Convenios para una mejor atención al contribuyente, se pintó el hall, se pusieron carteles identificatorios en cada oficina, según reseñó el funcionario.

Otras medidas tuvieron impacto directo en la recaudación, como la incorporación de metros cuadrados no declarados, verificaciones en comercios y control, en una zona concreta, del pago de la tasa.

Quedó pendiente una rezonificación que implica una actualización de las zonas en que se divide la ciudad para el cálculo de la tasa de inmuebles. El proyecto estaba incluido en el presupuesto 2005, pero no fue aprobado por el Concejo. No se descarta que vuelva al cuerpo deliberante como un nuevo mensaje del DEM, "cuestión que quedará a criterio del intendente". Con ello se busca actualizar las zonas de acuerdo con obras de infraestructura (cloacas, agua potable, gas, asfalto e iluminación).

La última rezonificación así como el último aumento de la tasa datan de 1991. "El objetivo -explicó Giusti-, además de la recaudación, es la equidad tributaria entre contribuyentes que residen en barrios donde se hicieron obras respecto de aquellos que no se vieron beneficiados.

"Al que no paga porque no quiere hay que apuntar", resumió Giusti, en línea con la opinión de Balbarrey.

El funcionario admitió que, en comparación con otros años, con la perspectiva de mejorar la recaudación y un panorama más desahogado a nivel nacional, éste es un momento más cómodo para tomar decisiones en materia de números. "La Argentina de los años 2001, 2002 y 2003 fue difícil. Entiendo que las políticas de control del Estado se aletargan cuando ocurren esas situaciones", interpretó. Y, si bien admitió que se está más holgado con los fondos, advirtió que "hay mucho más demanda de la sociedad.

"En períodos malos, todo tiende a disminuir: la demanda de la gente, el control del Estado, el pago de los tributos. Cuando hay una situación buena, esas cosas también suben", enumeró.

Aun así concedió que "es un buen momento, las recaudaciones nacionales vienen subiendo respecto de 2004. El cierre del canje va a ser muy beneficioso para el país y el año será bueno en cuanto a reestablecimiento del crédito y el consumo".

Pero, alertó, "no hay que descuidarse para no cometer los mismos errores que se cometieron en otros buenos momentos".

7.000 padrones inexistentes o comercios dados de baja se encontraron mediante las verificaciones.

3.000.000 fue la cifra alcanzada en intimaciones.

500.000 en resoluciones para determinaciones impositivas.

90.000 padrones fueron relevados y se detectaron 15.000 con modificaciones o construcciones no declaradas. El resultado fue de 1.264.000 m2 no declarados y un incremento en la emisión de la tasa de 1 millón de pesos.

660.000 metros cuadrados no declarados se incorporaron de la zona oeste, mediante el entrecruzamiento de datos con la API.

650 padrones con deuda de tasa de inmuebles se encontraron en la zona comprendida por French, Salvador del Carril, General Paz y Costanera.

En la Costa: se inició en febrero un censo catastral de La Guardia y Colastiné para determinar construcciones no declaradas y m2 no incorporados. Se hizo una prueba piloto con 20 manzanas y va a continuar durante el año, con la idea de tener actualizada la información para la emisión de junio de la tasa. Se iniciaron controles en comercios que desde hace 10 años no se hacían.

Puntos fijos: son auditorías en negocios. Se determinan montos de facturación que se comparan con lo declarado. Si no coincide, se establece un nivel de facturación y se determina la deuda. Se hizo en 54 negocios el año pasado y se detectaron 22 casos en que los datos no coincidían.

Relevamiento territorial: en diciembre empezó un relevamiento en la zona comprendida por las calles French, Salvador del Carril, General Paz y Costanera, para observar el comportamiento fiscal con la tasa de inmuebles. Se detectaron 650 padrones con deuda (por distintas razones) y se hizo una primera invitación al pago. Respondieron 50 personas; en febrero se hizo una segunda invitación personalizada y se dio plazo hasta el 15 de marzo para saldar la deuda. El objetivo es hacer lo mismo en otras zonas.