Buen servicio y ganancia razonable. Tal es la ecuación a la que el presidente Néstor Kirchner espera arribar como resultado de la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas, en un marco en el que no habrá para los prestatarios exigencias que contraríen la realidad económica, pero cuya orientación será la defensa de los derechos de los ciudadanos. No se trata de estatismo o privatización, sino de competitividad y eficiencia.

Matizado con alguna metáfora efectista -"con uñas y dientes", "no nos va a temblar el pulso"-, ese fue el planteo presidencial ante los miembros del Congreso, a quienes recordó su papel fundamental en el trámite de "la más importante discusión de intereses pendiente", después del proceso de canje de la deuda externa. Pero uno de los tramos que sacudió al auditorio y a los observadores se produjo cuando subrayó la disposición a desconocer lo que se pueda disponer al respecto en el ámbito de los tribunales internacionales arbitrales.

"Esta renegociación tiene plazos otorgados por la ley y debe realizarse en nuestro país conforme a sus normas, sin que deba inmiscuirse tribunal ni árbitro alguno, por amañada que resulte la interpretación que de los tratados se haga para activar supuestas competencias", disparó.

Esta posición tajante se ajusta, en rigor, a lo que viene sosteniendo el país en el plano internacional -y, particularmente, el Ciadi, donde se ventilan 33 demandas de inversores o accionistas de empresas privatizadas, por más de 17 mil millones de dólares-, sobre la base argumentativa elaborada por el actual ministro de Justicia Horacio Rosatti, cuando comenzó a actuar como Procurador del Tesoro.

La estrategia del país ante los tribunales arbitrales -o lo que hoy se ha dado en llamar doctrina Rosatti- fue anticipada por el funcionario a El Litoral, en una entrevista publicada en la edición del 4/1/04, tomando como ejes que el país no llevó adelante expropiaciones ni tratos discriminatorios ante las empresas y que, si hubo alguna afectación de intereses, no existe responsabilidad en virtud del estado de necesidad generado por la crisis de 2001.

En rigor, la Argentina se obligó a dirimir cuestiones contractuales ante los

tribunales arbitrales internacionales, a través de tratados bilaterales de inversión firmados durante la época de Carlos Menem. Por eso, algunos sostienen que no ajustarse a esas previsiones resulta una violación de la seguridad jurídica, justo en momentos en que el país se ha encaminado a la salida del default y a la tracción de inversiones.

"Nosotros expusimos los índices de pobreza, de desocupación, las complicaciones en materia de seguridad, sanitarias. Y dijimos que un Estado soberano como la Argentina, que está pasando dificultades, no puede ser tratado como una sociedad anónima. Que el sesgo comercialista que estaban teniendo algunos tribunales arbitrales debía dejar paso a una concepción más global. Y que la solución de los problemas económicos argentinos también lo será, a mediano plazo, para los acreedores", explicó en su momento Rosatti.

O, en palabras de ayer del presidente, "ningún tratado firmado por Argentina puede haber delegado en árbitros el manejo de la política económica ante una situación de emergencia".

Para mediados de año, el Ciadi se pronunciaría en las dos causas más avanzadas planteadas ante él, las impulsadas por CMS (accionista de Transportadora Gas del Norte) y Azuriz (Aguas de la Provincia de Buenos Aires).

Según el diario La Nación de la fecha, "los laudos tendrán atenuantes para nuestro país, pero indudablemente condenarán a pagar fuertes sumas de dinero". El contenido de esos fallos y la decisión que el gobierno argentino tome con respecto a ellos les darán un valor decisivo como leading case.

Emerio Agretti