El Centro de Protección a la Naturaleza, a través de un comunicado fijó su posición en torno a la ley N° 12.366 que establece la moratoria a los desmontes en la provincia de Santa Fe.
La entidad ambientalista sostiene que "en una sociedad democrática, las leyes están hechas para ser cumplidas. En los países centrales, donde parece dominar el libre mercado, el Estado cumple una función fundamental regulando determinadas actividades productivas o extractivas por medio de subsidios o barreras arancelarias. En nuestro país, donde la democracia es algo aún por conquistar, aplicar una ley en toda su letra, levanta voces en oposición cuando ni siquiera hay presupuesto para la misma".
Al respecto, manifiesta que en el caso particular de la ley N° 12.366 que establece la moratoria a los desmontes en la provincia de Santa Fe por el término de 180 días, prorrogables por un período similar, "nuestros legisladores procedieron de acuerdo al reclamo popular estableciendo una legislación `transitoria' o `a término', con fecha de inicio y caducidad puesto que urge una definición sobre el tema".
"Surgida como respuesta ante la tala rasa que se está efectuando en las últimas zonas vírgenes de nuestro Chaco Santafesino, propone una zonificación integral del territorio, habiendo sido consensuada, en un hecho inédito, con instituciones académicas, productivas, ambientalistas, no gubernamentales y estatales provinciales".
Uso racional
"Tildada de `lírica', `ecológica' o `demagógica' por algunos sectores, su aprobación fue obtenida luego de arduos debates en comisiones y en el recinto, específicamente para no limitar las actividades de subsistencia. Por estos antecedentes, consideramos inadecuado el pedido de reforma de la ley dado el corto plazo de aplicación de la misma", señala el escrito.
El Centro de Protección a la Naturaleza al referirse a lo estrictamente socioambiental, asegura que "lo que queda en claro es que cuando el monte se termina, se termina para todos: para los ganaderos, para los que producen alimentos proteicos, para los apicultores, para la flora y la fauna de la región, para los aserraderos, carpinterías, pequeños centros de producción de leña y carbón, para los transportistas, para los productores de muebles y para los presidentes comunales".
"Seguramente -añade-, cuando el último árbol haya sido cortado, la pobreza, la indigencia y el desarraigo citados como consecuencia de la aplicación de esta ley, se hayan elevado a niveles nunca vistos e imposibles de compensar con otras actividades productivas".
"Apostar a un uso racional, aunque signifique eventuales pérdidas económicas en el corto plazo, permitirá invertir a futuro en actividades productivas sostenibles en el tiempo, con la recuperación del Estado como mediador y árbitro de las actividades que atenten contra la salud y la vida de los santafesinos".
En este sentido, pide "celeridad a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para que asigne los recursos y realice los estudios en los plazos establecidos por la ley. Solicitamos mesura en algunos de nuestros legisladores para tener en cuenta que lo que se juega es algo que va más allá del próximo comicio y también reclamamos al Poder Ejecutivo para que nuestro ambiente tenga el rango correspondiente dentro de las decisiones políticas".