La Justicia evalúa la posibilidad de llamar a indagatoria a más personas. La defensa de un coronel retirado pidió la "exención de prisión".
La Justicia Federal no descarta la posibilidad de realizar una nueva ronda de indagatorias a los presuntos responsables de delitos durante la dictadura militar. Las denuncias de víctimas presentadas en las últimas semanas y la solicitud de detenciones por parte del abogado querellante Jorge Pedraza le están imprimiendo a la causa un vértigo poco acostumbrado en los estrados nacionales.
La causa "311", denominada "Ministerio Público Fiscal sobre eleva denuncia", consta de diez cuerpos, de 200 fojas cada uno, y su crecimiento parece incesante.
El abogado Néstor Oroño, a cargo de la defensa del coronel retirado Juan Orlando Rolón, se acercó el lunes al Juzgado Federal N° 1, anticipándose a lo que podrá ser un próximo llamado a indagatoria. "Como la querella pidió la detención, entiendo que estamos legitimados para solicitar la exención de prisión".
La semana pasada Pedraza pidió las detenciones y los procesamientos de siete militares retirados que actuaron en el período 1975-1978 en la ciudad de Santa Fe y alrededores. Los señala como autores de la "comisión de delitos de lesa humanidad que van desde la privación ilegal de la libertad agravada, tormentos, y homicidios de las personas que fueron secuestradas y desaparecidas".
Los involucrados son: Juan Orlando Rolón, Domingo Manuel Marcellini, Domingo Morales, Alberto José Jaime, Julio César Domínguez, Héctor Melitón Martínez y Carlos Gustavo Fontana. A su vez, se supo que la lista podría incluir otros nombres que todavía no han trascendido, ascendiendo la cifra a más de diez.
Hasta el momento, Rolón es el único en anticiparse a un posible llamado a indagatoria por parte del juez Reinaldo Rodríguez. Este coronel retirado era jefe del Área 212 y de la Guarnición Militar Santa Fe, "cumplió funciones jerárquicas en el Comando del Segundo Cuerpo desde 1975 hasta octubre de 1976 en que asume como jefe del Área 212 hasta fines de 1978", según se expone en la solicitud de detención.
Riesgo de vida
El pedido del Dr. Oroño consta de tres puntos: la exención de prisión, el arresto domiciliario y la opción de que su defendido sea indagado en su casa.
De serle negada la posibilidad de afrontar el proceso en libertad, su abogado expuso que, por tratarse de un hombre mayor de 70 años, corresponde que la detención sea domiciliaria. Además, y dado que "presenta un cuadro de salud que lo amerita", pidió que ante el llamado a indagatoria ésta sea en su domicilio particular.
En el escrito deja constancia sobre los motivos que imposibilitan el alojamiento de su defendido en una celda, y el por qué de la indagatoria en su hogar. Alega que "el estrés psíquico y/o físico y las consecuencias de la repercusión síquica ante una potencial exposición a situaciones violentas sean físicas o psicológicas, tales como detención y traslado en móviles policiales, gritos, insultos y agresiones por parte de manifestantes, como siempre ha sucedido en situaciones semejantes, en las que han comparecido oficiales superiores del Ejército Argentino, potenciado por la alta difusión mediática que tiene este tipo de hechos, representan un cierto y serio riesgo de vida".
El trámite judicial está en marcha. El juez le corrió "vista al fiscal de la causa" Eduardo Grioglio, y deberá definir la situación cuando el expediente regrese de fiscalía.
Apelaciones
Las primeras detenciones ordenadas el 2 de febrero culminaron con siete personas procesadas por existir presunciones fuertes de que incurrieron en los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción, tormentos y asociación ilícita".
Los procesados son Víctor Brusa, Héctor Colombini, Eduardo Ramos, Juan Perizzotti y Mario Facino, encerrados en una dependencia de la URI. El militar retirado Nicolás Correa está en prisión domiciliaria; y la carcelera María Eva Aebi, en la Estación Tránsito para mujeres.
Todos los abogados de los detenidos apelaron dicho procesamiento, o están en camino de hacerlo, además de las excarcelaciones denegadas por el juez Rodríguez.
Ahora deberá resolver la Cámara de Rosario. Se desconocen los plazos que la segunda instancia judicial tomará para expedirse al respecto.
Repudian intimidación
La Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Regional Santa Fe, y el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Eduardo Orio, manifestaron su apoyo al secretario del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, Miguel Abásolo, quien sufriera un presunto atentado en su domicilio el 19 de febrero pasado.
Aquella noche, Abásolo salió a cenar con su familia y al regresar, su esposa encontró la puerta forzada. La casa estaba revuelta y quienes ingresaron sólo se llevaron una pistola calibre 22 y dos frascos de perfume.
El caso fue puesto inmediatamente en conocimiento del Juzgado de Instrucción N 7, a cargo de Diego De la Torre, y del ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rosúa.
Ocurre que el ataque al domicilio de Abásolo se produjo mientras el Juzgado en el que trabaja investiga la posible comisión de delitos de lesa humanidad por parte de un grupo de santafesinos en la pasada dictadura militar. Pocos días antes, el juez federal Reinaldo Rodríguez había ordenado la detención de siete personas vinculadas con la causa.
Eduardo Orio envió una nota al juez Rodríguez en la que manifestó "el apoyo institucional del Consejo de la Magistratura y la solidaridad con cada uno de sus integrantes".
Por su parte, el gremio judicial expresó su "más enérgico repudio" a lo ocurrido. "Indudablemente no resulta ajeno a las actuaciones que se vienen tramitando en la Secretaría a cargo de Abásolo, donde se investiga el accionar de grupos represores que asolaron al país durante los años de la dictadura y hoy no tienen cabida en la sociedad", añadió el sindicato.