Desde hace tiempo el transporte de pasajeros de media y larga distancia viene atravesando una situación de conflicto, a veces latente y otras manifiesta, como ocurrió el 1° de marzo en que el servicio paró por dos horas, por decisión de las empresas agrupadas en Atap.

Ahora el reclamo partió de los choferes de UTA que piden que se cumpla con el pago de los 100 pesos dispuestos por decreto nacional. Ante la negativa de las empresas de afrontar esta obligación, el gremio convocó a un plenario, se declaró en estado de alerta y pidió la intervención de la Secretaría de Trabajo, que convocó a las partes a dialogar esta mañana.

Tras una extensa reunión, que pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves al mediodía, se acordó una convocatoria "indelegable" al subsecretario de Transporte de la provincia Miguel Latorre, para avanzar en la definición de una política sobre la materia.

Los choferes ya adelantaron su decisión de iniciar medidas de fuerza si la situación no se revierte. Así lo aseguraba esta mañana el secretario general del sindicato Jorge Kiener quien, antes de sumarse a la audiencia, coincidió en que la situación del sector es complicada.

"Somos concientes de que cerró la L y San José, El Serrano tuvo que ser gerenciada, El Norte tuvo que ser cedida. Hay una situación real y en algunos corredores se agrava". Aún así, la amenaza de paro y movilizaciones sigue en pie.

Por su parte, Atap declaró "lisa y llanamente" la imposibilidad económica de pagar el incremento dispuesto por el gobierno, y lo fundó en la falta de recursos motivada por "un aumento sideral de los costos de explotación" que se sumó a un atraso tarifario que viene de 2002. "Esto no tiene visos de solución, porque la Secretaría de Transporte no ha manifestado absolutamente nada ante los reiteradísimos reclamos de Atap", señaló el asesor letrado de la entidad, Alejandro Pittón.

Además de aumento en las tarifas, la Atap viene pidiendo alguna compensación para las franquicias que otorga el sistema, a docentes, estudiantes y discapacitados, entre otros conceptos. "Tampoco hubo respuesta", a pesar del lock out patronal (paro dispuesto por las empresas) de dos horas que se concretó el pasado 1° de marzo, y dejó varados a numerosos pasajeros de la ciudad y el interior.

Ahora -relató Pittón- las empresas fueron intimadas "por un supuesto incumplimiento en la gratuidad de los pases a estudiantes universitarios" que deben abonar 5 pesos para obtener la respectiva credencial. "El costo que se cobra no es por el trámite y la obtención, que sigue siendo, como dice la ley, gratuito", aclaró el abogado. Lo que se cobra es el costo de los insumos necesarios que, además "deben garantizar su inviolabilidad".

"Las empresas no están obligadas a otorgar la credencial. En una nueva delegación de una tarea que debería hacer la Secretaría de Transporte", afirmó.

Con todos estos elementos, la Atap consideró que "se está llegando a una situación límite".