Los efectos de la prolongación del conflicto docente y la consiguiente suspensión del dictado de clases en la provincia constituyen una realidad tan obvia y palpable como soslayada por los principales antagonistas en la discusión, que le otorgan más el carácter de un factor de presión o argumento de barricada, que el de una preocupación genuina y preeminente.

No es novedad que la actividad docente ha sido paulatinamente degradada en Santa Fe y que la causa principal -aunque no única- de ello es el sostenimiento en el tiempo de una política salarial inadecuada. También puede admitirse que la recomposición anunciada por el actual gobierno no tenga el alcance que éste pretende darle, o que no cumpla las expectativas de los maestros.

Por su parte, la argumentación del Poder Ejecutivo se aferra a la comparación con otras provincias para establecer cómo se paga a los docentes santafesinos, remarca la importancia del esfuerzo presupuestario realizado y alude a la necesidad de utilizar los recursos disponibles para atender otras muchas demandas del resto de la sociedad largamente postergadas. En tal sentido, los recientes anuncios de inversiones en obras públicas e infraestructura hospitalaria, si bien no invalidan el planteo docente, ilustran positivamente el criterio expuesto por las autoridades.

Párrafo aparte merece la reincidencia del Estado en la nefasta política de pagar en negro, con resultados tan inequitativos para los asalariados, como atentatorios contra los más elementales principios de la buena administración. Una vez, pretendiendo que ésa es la única manera de mejorar los sueldos, que el gobierno se convierte en evasor, contradice su prédica a favor de una conducta tributaria responsable, perjudica a los institutos previsionales y de seguridad social, y expone a futuras gestiones a las inexorables consecuencias judiciales de su mal hacer.

En resumidas cuentas, se trata de una discusión compleja, con múltiples aristas y enrarecida por las mutuas acusaciones de falsedad que se propinan quienes la desarrollan, exhibiendo números incompatibles que impiden el avance y confunden a la comunidad.

Pero se trata, a no dudarlo, de una discusión salarial. Que involucra cuestiones de fondo, como la dignidad de los docentes, la salud de la escuela pública y el compromiso del Estado con la educación, pero sólo de manera conectiva y lateral. Si no fuese así, difícilmente podría pensarse en una situación de suspensión de actividades tan extensa y sostenida, en abierto y notorio perjuicio para los chicos santafesinos.

Quienes sí tienden a entenderlo de esa manera son los padres, tironeados entre el discurso del gremio de los maestros -muchos de ellos, tan dedicados a su labor como mal retribuidos por ella-, que achaca la exclusiva responsabilidad al gobierno, y la actitud del gobierno, que tardíamente pareció decidirse a abandonar el juego del desgaste y convocar a una mesa de diálogo, con la expectativa de que eso permitiera recobrar, al menos temporariamente, la normalidad del dictado de clases. En cualquier caso, esa invitación a buscar una solución para el problema (aun admitiendo que debió haber sido formulada mucho antes -por ejemplo, durante la época de receso-) habilitaba una vía para que, sin perjuicio de que eventualmente los docentes considerasen necesario volver a recurrir al paro, los chicos santafesinos dejen de perder un tiempo irrecuperable y puedan acceder a uno de los más elementales derechos humanos.

Esta percepción que asiste a los padres, vinculada estrecha y directamente con la preocupación por el futuro de sus hijos, pero por lo mismo ligada al más estricto sentido común y al correcto orden de las prioridades, motivó a una abogada rosarina a reclamar respuestas ante la Justicia, en defensa de un derecho constitucional tan básico y esencial, como soslayado en este contexto.

La presentación sienta un precedente inédito y habilita un nuevo curso a la discusión sobre el papel que corresponde a cada uno de los poderes del Estado y, desde ese punto de vista, abre importantísimos canales de análisis. Pero, mientras tanto, es el más acabado reflejo del desvelo de buena parte de la sociedad por su futuro y por el trato que le dispensan quienes sobreponen otras consideraciones al papel crucial que tienen para ayudar a que sea mejor.