Durante tres horas, el gobernador Jorge Obeid escuchó el informe detallado que realizaron los integrantes del Ministerio de Gobierno sobre la masacre ocurrida durante su ausencia, en la cárcel de Coronda.

El cónclave había desatado variadas versiones, incluso respecto del posible alejamiento de algunos funcionarios del área. Sin embargo, al término del encuentro, el ministro acabó con las especulaciones.

"Están todos en sus cargos", dijo a la prensa. Rosúa ofició de vocero -Jorge Obeid no quiso hablar ni antes ni después de la reunión- y sí admitió posibles relevos en las filas penitenciarias.

"Es una posibilidad que se está estudiando, pero no está determinada aún. Les pido la suficiente paciencia para entender que en organismos verticalizados, en situación de crisis y de alta sensibilidad como ésta, si yo anuncio relevos aquí genero problemas allá", explicó.

En lo personal, confesó no haber evaluado dar un paso al costado. "El día que yo asumí podría decirse que tenía la renuncia en el bolsillo. Llevo más de 40 años en función y siempre ingreso al cargo público con la renuncia a disposición de quien me nombra".

Consultado puntualmente sobre su posible alejamiento a partir de lo sucedido, dijo que no lo había pensado. "Cuando se dio la masacre de Coronda, yo creí que la responsabilidad política estaba en trabajar para tratar de resolver el problema. Y cuando se dio lo de la Policía de Rosario -el autoacuartelamiento-, en menos de media hora conseguí el apoyo del Ministerio del Interior, la movilización de Gendarmería y la puesta en marcha en las calles de la ciudad de más de cien horas. La responsabilidad política estaba en adoptar las decisiones correctas y fue lo que hice", se jactó.

A modo de conclusión de lo conversado con el mandatario, Rosúa sostuvo que la principal instrucción fue la de profundizar las investigaciones.

"Esto es imprescindible para determinar con la mayor certeza posible qué fue lo que aconteció, cómo se originó, cómo se desarrolló y cómo se ejecutaron los hechos". Las directivas -comentó- fueron para que se intente llegar en el menor tiempo posible a una conclusión definitiva. "Pretendemos tener certezas de cómo se desarrollaron los acontecimientos, si hubo descuidos, negligencia o complicidades, quiénes participaron y quiénes dejaron de hacerlo".

El ministro manifestó que el esclarecimiento de los hechos no es tan simple. "La velocidad de la investigación no la da la cantidad de muertos, sino el desgraciado suceso. No es simple, porque hay silencios motivados en el miedo, en el desconocimiento o en otra situación de tipo psicológica; es una situación traumática", opinó.

Aseveró, además, tener conocimiento de que el juez de Instrucción está avanzando "bastante bien" en su investigación. Al respecto, reveló que en la jornada de hoy tenía previsto entrevistarse con el magistrado para ponerse a disposición y "encarrilar" el trabajo.

Por su parte, Domingo Pochettino dijo que el gobernador ratificó en todos sus términos la política de reafirmación de los derechos humanos. "Esto es una concepción general que tiene que ver con una decisión que se tomó cuando se asumió este gobierno. Creemos que una manera de mejorar la seguridad de la sociedad es asegurando los derechos humanos".

Rosúa negó que hubieran existido elementos que advirtieran sobre lo ocurrido, ni siquiera la carta, que los internos entregaron en febrero a un grupo de diputados provinciales. "No hubo avisos previos. Esa carta la analizamos en detalle y no habla de estos elementos", sentenció.

El ministro admitió que dentro de las hipótesis que se analizan para determinar los orígenes de la masacre se encuentran la de una zona liberada y la de la lucha por el negocio de la droga.

"Lo de la zona liberada es uno de los temas de gran preocupación. Por otra parte, cuando se habla de droga, se habla en realidad de pastillas que generalmente ingresan los días de visitas. En todos los penales se suele hablar del negocio de la droga, y nosotros no descartamos esa hipótesis".

Acerca de la rivalidad geográfica entre rosarinos y santafesinos, reconoció que ello implica "una superficialidad que no admite un análisis serio".

Rosúa volverá a reunirse esta tarde con el gobernador, para analizar las causas y consecuencias del autoacuartelamiento de la Policía rosarina.

El gobernador Jorge Obeid ratificó esta mañana la continuidad de todo el gabinete del Ministerio de Gobierno, en tanto se limitó a consignar que "estamos evaluando" la forma en que se va a encarar la situación del penal de Coronda y la producida por el autoacuartelamiento de policías en Rosario.

"No estoy pensando en ningún cambio", consignó Obeid con respecto a su equipo de colaboradores y, ante la insistencia de El Litoral, corroboró que "todo el gabinete está confirmado".

Obeid formuló declaraciones esta mañana, luego de participar en Buenos Aires del acto en que se anunció la habilitación de nuevos jardines de infantes (ver Educación).

En ese marco, manifestó que le había planteado a Néstor Kirchner la cuestión de las cárceles, "le hice pedidos, me hizo sugerencias y me derivó para hablarlo con el ministro (de Justicia, Horacio) Rosatti".

El gobernador precisó que las conversaciones apuntan a la posibilidad de disponer de plazas en cárceles federales -unas 50 para el traslado de reclusos- "y también una serie de colaboraciones que puede darnos el gobierno nacional, en la necesidad de llevar soluciones a algunos problemas que tenemos en los penales".

Los investigadores que intentan determinar cómo se produjeron los hechos que derivaron en la matanza de 14 presos de Coronda y quiénes fueron los responsables de los asesinatos, saben que la tarea será ardua. Es que el día de la masacre centenares de internos estuvieron, directa o indirectamente, vinculados de alguna manera con los hechos.

Algunos fueron los encargados de ejecutar a los presos rosarinos, pero obviamente contaron con la colaboración de muchos otros. A esto se agrega que decenas de personas fueron testigos de los acontecimientos, pero no será fácil lograr que declaren ante el juez, sobre todo cuando en el penal reina un clima de miedo e incertidumbre.

Hasta el momento prestaron declaración ante la División Judiciales de la Policía y en calidad de testigos los efectivos del Servicio Penitenciario que estuvieron en Coronda entre el lunes 11 y el martes 12, con las excepciones de los dos guardiacárceles que fueron tomados como rehenes de los asesinos. En estos dos casos, y por consejo médico, los efectivos se mantienen por ahora alejados de la cárcel y de cualquier investigación relacionada con lo ocurrido.

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción de la Octava Nominación, a cargo de Jorge Patrizi. Si bien por el momento se mantiene suma cautela, trascendió que el magistrado tiene previsto tomar en su despacho de Tribunales las declaraciones testimoniales a los presos que pudieron ver lo ocurrido.

Claro que la tarea no será sencilla. Se espera que muchos se nieguen a declarar y que otros pongan como condición su inmediato traslado a penales de otras jurisdicciones. Este pedido implicará una serie de medidas a nivel burocrático que no son sencillas ni rápidas, y que involucran incluso a sistemas penitenciarios de otras provincias en los que la situación también es complicada por la sobrepoblación carcelaria.

La vicegobernadora santafesina, María Eugenia Bielsa, será recibida el próximo viernes por el presidente Néstor Kirchner. La inédita reunión no tiene temario oficial, pero en el ámbito político se descuenta que versará sobre la integración de la lista de candidatos de diputados nacionales del Partido Justicialista para las elecciones de octubre, que estaría encabezada por Horacio Rosatti.

Se sabe que el presidente resolvió intervenir directa y personalmente en la cuestión y que la actual número dos de Jorge Obeid es la rosarina con mejor imagen dentro del partido. También es cierto que ella ha hecho pública su voluntad de no ser candidata, pero, aparentemente, Kirchner estaría decidido a tratar de convencerla de lo contrario.