Buenos Aires (C).- El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, pidió ayer en el Senado de la Nación que se modifiquen criterios en el proyecto de ley para posibilitar que los laudos del Ciadi puedan ser revisados por la justicia argentina. La intención compartida entre el Ejecutivo y los legisladores es que las demandas de las privatizadas tras la devaluación vuelvan a la jurisdicción nacional.
Sin embargo, el ministro advirtió ayer que si se sanciona una ley que dispone que "serán inoponibles a la República Argentina" los laudos que no puedan ser revisados en la Corte de nuestro país, las privatizadas podrían argumentar que hubo un cambio en las reglas del juego.
El ministro concurrió ayer a la comisión de Legislación General del Senado, que preside Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis), para dar su opinión sobre el proyecto de la senadora bonaerense Mabel Muller, que busca devolver a la Argentina la jurisdicción sobre las demandas de empresas multinacionales ante el Ciadi, un tribunal arbitral que funciona en el Banco Mundial.
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Modificación
Rosatti propuso a los senadores que cambien el texto por un proyecto "declarativo" que ratifique lo que la Constitución ya dispone, y que permita la apelación ante nuestro tribunales (no sólo la Corte). El jurista santafesino se basa en el artículo 27 de la Constitución nacional, que dispone que los tratados de comercio con potencias extranjeras deben estar "en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución".
Como se sabe, las privatizadas demandan a la Argentina tras la devaluación, por la violación de Tratados Bilaterales de Comercio aprobados a mediados de los '90. El ministro reconoce que esos tratados tienen jerarquía superior a las leyes (Art.75, inc. 24 de la Constitución) pero no están por encima de la Constitución (como sería el caso de tratados sobre Derechos Humanos).
"El artículo 27 de nuestra Constitución es una cláusula de 1853", sostuvo Rosatti para dejar en claro que la "conformidad con el derecho público" argentino es exigible en este caso, y que un tribunal creado para atender cuestiones patrimoniales no puede revisar "actos soberanos" como las decisiones argentinas de política general en medio de la crisis.
Rosatti dejó por otra parte "a criterio de los legisladores" un segundo proyecto de la senadora Muller, que propone exigir que las empresas "desistan" y no sólo "suspendan" sus acciones ante el Ciadi, como condición para renegociar sus contratos con el gobierno argentino.
En este caso el ministro tampoco apoyó en especial la iniciativa. Pero en cambio dejó en claro que es importante lo que sancione el Congreso para dar señales claras de que las instituciones de la República están "en la misma línea".
El funcionario volvió a recordar que tras la privatización de los servicios y de la jurisdicción, en la Argentina "se quería privatizar" la defensa en juicio "para cerrar el círculo". Volvió a advertir así lo que hubiera significado un proyecto que pretendía dejar la procuración del Tesoro a manos de un bufete de abogados, tal como proponía un proyecto de la administración De la Rúa.
Por último volvió a agradecer a la Federación Argentina de Colegio de Abogados y a los "juristas prestigiosos que trabajaron gratis" para desarrollar la línea argumentan en defensa de los intereses argentinos.