El gobierno de Estados Unidos, que quería aplastar a la industria tabacalera en un proceso histórico, rebajó dramáticamente sus demandas al punto que ahora la administración del presidente George W. Bush es acusada de favoritismo.

Al cerrarse los alegatos en un proceso que lleva ocho meses, la fiscalía pidió que las empresas destinen 10.000 millones de dólares a campañas para dejar de fumar; una cantidad significativamente menor a los 130.000 millones que pedían hasta ahora.

Esas penas serán impuestas si las fábricas de cigarrillos son declaradas culpables de haber engañado durante 50 años a los consumidores sobre los riesgos del tabaco. El veredicto no se espera antes de varias semanas o incluso meses.

Más allá del aspecto económico y del alivio para las finanzas de Philip Morris, RJ Reynolds o British American Tobacco entre otras compañías, el caso es considerado como eminentemente político y desató airadas reacciones en la oposición demócrata.

Varios legisladores demócratas acusan a la inspección general del Departamento de Justicia, promotor de las demandas, de haber tenido "un cambio brusco" de actitud en el momento de fijar el monto de las penas.

Esos legisladores quieren investigar el rol que jugó en ese cambio el subsecretario de Justicia, Robert McCallum, quien según informes de prensa trabajó para RJ Reynolds, fabricante de las marcas Camel y Winston.