El subsecretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, abogó por una modernización integral del sistema judicial santafesino, que incluya, entre otras previsiones, la reforma de los códigos de procedimientos, la redistribución de las competencias de los magistrados, la posibilidad de incrementar el número de juzgados en turno durante las ferias de enero y julio.

En una entrevista con El Litoral, Somaglia precisó que se está trabajando en un borrador con las propuestas de reformas, para ser presentado al ministro de Gobierno y al gobernador Jorge Obeid. Pero sobre todo, el propósito es que, sea en el tránsito hacia la elaboración de los textos de los respectivos anteproyectos, o en la posterior discusión de los mismos, intervengan activamente todos los actores de la actividad tribunalicia -jueces, abogados, la Corte- y también los legisladores.

"El proyecto es actualizar los trámites previstos en los códigos procesales civil, comercial y laboral". Y en materia penal, partir de que existe un proyecto de los diputados Santiago Mascheroni y Danilo Kilibarda para instrumentar el juicio oral y discutir su viabilidad.

"Esto nos pondría a tono con las demás provincias y a nivel internacional, pero hay que ver si en la práctica daría los resultados de rapidez que la ciudadanía espera. Porque esto implica redefinir o rediseñar las competencias de los fiscales y de los jueces penales. Hay que analizar si es viable presupuestariamente, si alcanza con los recursos humanos y la estructura edilicia con que cuenta el Poder Judicial. Para analizar eso es necesario que intervengan todos los sectores involucrados", expuso.

Somaglia también consideró necesario un abordaje de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para contemplar la alternativa de redistribuir competencias, asignarlas en mayor medida a jueces de circuito alejados de los centros urbanos -para evitar la congestión en Santa Fe y Rosario- o convertir tribunales colegiados en juzgados unipersonales.

En tal sentido, recordó que en el ámbito del Ministerio de Gobierno funciona una comisión que estudia el nuevo mapa judicial, pero que es "bastante numerosa y estamos viendo la posibilidad de acotarla, para hacerla más eficiente".

Sin plantear una reformulación del actual diseño de la feria judicial -un mes en enero y dos semanas en julio-, consideró "prudente la posibilidad de incrementar el número de jueces de turno, en la medida en que la litigiosidad se mantenga en esos períodos". Aunque consideró que el tema debe estar sujeto a debate, incluyendo a los abogados en él.

Por lo demás, el funcionario expresó su conformidad con el desempeño del Consejo de la Magistratura, que se ocupa de la selección de jueces de la provincia. Desde noviembre de 2002 -en que empezó a funcionar- concluyó 38 procesos de elección de magistrados, de los cuales 34 están en ejercicio y cuatro están propuestos en la Legislatura.

De los 38 nuevos jueces, 18 ocupan lugares en la 2ª Circunscripción: 15 en Rosario, 2 en San Lorenzo y 1 en Villa Constitución. En la 1ª, fueron designados 14: 12 para Santa Fe, 1 para Coronda y 1 para Santo Tomé.

En trámite para nuevos nombramientos hay 31 pliegos: 13 de ellos para Rosario, 6 para Santa Fe, uno para Cañada de Gómez, 2 para San Lorenzo y 2 para Casilda entre ellos.

En el período 2000-2002 fueron designados 48 jueces y entre 2003 y junio de 2005, 69, lo que implica un aumento del 43%.

Somaglia resaltó la actitud del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, que -tal como anunció el sábado en El Litoral- planteó hoy en la reunión de acuerdo la indagación del desempeño de los juzgados y fiscalías involucrados en la tramitación de causas resonantes prescriptas o próximas a prescribir.

Más allá de eso, el funcionario consideró incorrecta la interpretación de que la normativa referida a prescripción "viene a traer impunidad". A su entender, la ley N° 25.990 -que estableció de manera precisa cuáles son los actos que interrumpen los plazos para la caducidad de un trámite judicial- tuvo como propósito "terminar con lo que se llamaba la secuela del juicio, que ya tenía jurisprudencia en distintos sentidos". En tal sentido, puntualizó que la norma "viene a traer mayor seguridad jurídica en lo que refiere a la prescripción de las acciones penales y se pone a tono con el criterio imperante a nivel mundial, de tener un debido proceso en tiempo razonable".

Poniendo el acento en el desempeño de los jueces al respecto, consideró que la composición del tribunal de enjuiciamiento de magistrados -formado por la Corte, más un diputado, un senador y dos abogados-, cuya "prudencia" elogió en su actuación hasta el momento, podría ser motivo de revisión, en el marco de la discusión de las reformas de procedimientos y competencias.