Buenos Aires (Télam).-El juez que investiga el secuestro y homicidio de Santiago Miralles, el nene cuyo cadáver fue hallado en un pozo séptico en Canning, consideró que además de los cuatro detenidos, hay otras personas que pudieron haber sido los autores materiales del asesinato.

En la resolución en la que procesó a tres hombres y una mujer miembros de una misma familia como coautores del secuestro extorsivo seguido de muerte, a la que tuvo acceso Télam, el juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina señaló que "aun no ha sido posible desentrañar los roles que cupo a cada uno de los imputados".

"Terceras personas podrían resultar autores materiales de la muerte del menor", dijo el magistrado en uno de sus párrafos del escrito.

Para Santa Marina, esta posibilidad se fundamente "en la casi permanente presencia de la múltiples medios de comunicación y de fuerzas policiales en el ámbito perimetral de las quintas, desde el momento en que se verificara la ausencia de la víctima en su domicilio", por lo que los imputados estuvieron permanentemente observados.

Walter Miralles, padre del chico asesinado, pidió la detención de otros dos hombres que, a su criterio, tienen vinculación con el secuestro y crimen de su hijo, aunque no aseguró el grado de participación que estos sospechosos tuvieron en el hecho.

El juez procesó ayer con prisión preventiva a los ciudadanos uruguayos Abel Domínguez, Alexander Henry Coito Machado, Ana Isabel Machado Vargas y Enrique Coito Piriz, y dictó la falta de méritos para Jorge Fernández y declaró inimputable a un adolescente.

Según el escrito, Santiago desapareció el miércoles 13 de julio pasado cuando se encontraba en las inmediaciones de su casa, ubicada en Pueyrredón 539 de la localidad de Canning, minutos después de haber sido visto con un amigo, con quien había concurrido hasta un supermercado que se hallaba a dos cuadras.

Su padre, Walter, fue quien realizó la denuncia en la comisaría cuarta de Esteban Echeverría por la desaparición de su hijo a las 17.45 de ese mismo día, luego de buscarlo en los alrededores de su casa.

El hombre se mostró desconcertado por la desaparición de su hijo, pero recordó un altercado que mantuvo "aproximadamente dos años atrás" con Abel Domínguez (uno de los detenidos), de quien dijo que fue "partícipe de un robo a su domicilio, en el que le sustrajeron una cámara de fotos" y otros elementos.

Tras esta denuncia, personal de la Distrital de esteban Echeverría, con la colaboración del Grupo Canes, Cuerpo de Caballería, el Grupo DAG, móviles, un helicóptero y personal de servicio externo de distintas seccionales policiales, comenzaron a rastrillar la zona.

Recién a las 11.22 del jueves, la abuela del chico asesinado fue quien recibió la llamada extorsiva, en la que un hombre le dijo: "escuchá bien lo que te voy a decir, sacá a la prensa, no quiero a la policía y prepará 20 lucas para mañana si querés volver a ver al nene con vida".

A partir de entonces, el caso comenzó a investigarse como un secuestro extorsivo, por lo que intervino el fiscal federal Pablo Daneri.

Según la investigación, los padres del chico hasta ese entonces desaparecido reunieron cinco mil pesos para pagar el monto del rescate exigido, y aguardaron una nueva comunicación que nunca se realizó.

El cuerpo del chico fue encontrado el sábado por la tarde tras un allanamiento que realizó la policía en la quinta que cuidaba la familia Coito Machado. El chico estaba dentro de un pozo séptico con una cuerda enrollada a su cuerpo de 1,90 metros de extensión y una caja con cerámicos a un costado.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, Santiago murió como consecuencia de al menos dos golpes en su cabeza provocados por una maza o un objeto similar, aunque también tenía heridas en uno de sus hombros.

Según ese estudio, el chico fue arrojado al pozo séptico aún con vida, ya que se encontró agua en sus pulmones.

Para el juez quedó establecido que la idea de los secuestradores era esconder el cuerpo del chico hasta tanto tuvieran posibilidad de sacarlo de ese pozo séptico y arrojarlo en una cava ubicada a unas 20 cuadras de la vivienda.

Por el caso fueron detenidas los cuatro miembros de la familia de uruguayos y el juez consideró que la necesidad de 20 mil pesos para cubrir una deuda económica fue el móvil que los llevó a concretar el secuestro.

Es que Domínguez y Alexander Coito Machado habían solicitado un crédito en una financiera por esa cantidad de dinero, pero la entidad crediticia rechazó la solicitud.

Además, habían pedido ayuda a varios vecinos, quienes también se negaron a aportar el dinero.