El aumento del gasto público electoral debería guardar proporción con el desmedido incremento del número de partidos políticos que se presentarán a los comicios del 23 de octubre. Sin embargo, no es así.

Una suba de 25 por ciento de los recursos que el Estado destina presupuestariamente con esa finalidad desde las últimas elecciones estrictamente legislativas, en 2001, hasta las que se avecinan, no se condice con la cantidad de fuerzas políticas participantes, registradas y en proceso de registrarse, que suman más de 700, cuando hace cuatro años rondaban la mitad.

Una de las preguntas que se desprende de estas consideraciones es cuán significativo es el financiamiento estatal ante elecciones con respecto al que tiene origen en los fondos privados. La respuesta es difícil de precisar, sobre todo cuando, como en esta ocasión, el oficialismo carece de un comando de campaña electoral que en la letra del Código Nacional Electoral debe constituirse con un responsable de la recaudación de fondos-rendición de cuentas después de las urnas.

Ante tal carencia cabe pensar, entonces, que la principal fuente de financiamiento electoral del oficialismo es, por una parte, el dinero que desde el sector privado pueda proveérsele; y, por otra, la utilización de recursos estatales, puestos en función electoral sea en actos estrictos de campaña como oficiales de encubierta intencionalidad electoral, como la entrega de subsidios y el anuncio de obras públicas.

La otra pregunta es hasta dónde la proliferación de partidos que siguió a la hecatombe de 2001 contribuye a la reconstitución de la golpeada calidad institucionalidad. Y ahí la biblioteca se divide entre los que la conciben como positiva por las múltiples posibilidades de elección, propias de un proceso de refundación institucional, y quienes sostienes que ello no hace más que alimentar la apatía que desde tiempo atrás alimenta la ciudadanía ante una democracia cuya asignaturas pendientes son muchas más que las cumplidas.