Esta semana se vivió de manera muy intensa para todo el arco productivo en nuestro país. Los ojos del sector primario de nuestra economía siguieron muy de cerca las alternativas de dos hechos fundamentales.
El primero tiene que ver con el acuerdo alcanzado entre el Consejo Federal de Lechería, que integran todas las provincias lecheras, y la Secretaría de Agricultura de la Nación.
Lo destacable, antes que nada, lo constituye la reapertura del diálogo. Creemos que es a través de este canal que se pueden encontrar soluciones y acordar salidas. Además, según dichos del secretario de Agricultura de Santa Fe, el acuerdo constituye un significativo avance para la producción tambera de la provincia. Según sus palabras, los fondos recaudados por las retenciones lácteas serán utilizados para aumentar la producción. Los mismos estarán destinados a incrementar la oferta de leche con sistemas de bonificación de tasas, y además promoverá la asistencia técnica y la capacitación para los productores.
Los tamberos de Santa Fe contarían ahora con unos 20 millones de pesos para aumentar la producción de leche, implementar la liquidación única, instalar un laboratorio y establecer el precio de referencia.
Faltaría ahora establecer los distintos mecanismos a través de los cuales se podrá implementar este vuelco de dichos recursos al tambo. Dentro del oscuro panorama que describían los productores la semana pasada, esta noticia puede considerarse como el mal menor. En una lechería con retenciones, al menos las mismas se volcarán al sector.
El mismo día, el gobierno firmaba un acuerdo con los frigoríficos y los supermercados para mantener los precios de todos los cortes de la carne por 90 días y garantizar el normal abastecimiento del producto.
A diferencia del fallido acuerdo anterior que se limitaba a cinco cortes populares, esta decisión abarca a la media res, y la congela al precio que tenía durante la segunda quincena de agosto.
De la reunión, participaron los representantes ligados a la faena y al gobierno nacional. A propósito de esto, Miguel Campos se refirió al acuerdo como un "compromiso" y no un control, a un precio "solidario", y no precio máximo.
Más allá del juego semántico intencional del funcionario, nuevamente estuvo ausente al eslabón más importante de la cadena de la carne: los productores. Los mismos criticaron duramente esta medida y la falta de un plan ganadero nacional. Plan que está diseñado pero que nunca se aplicó.
En su lugar, el gobierno de los 90 días sigue trabajando para pasar las elecciones, aplicando políticas circunstanciales, restrictivas y que ponen a prueba de manera cotidiana al sentido común. Pero es importante ir pensando. Después de eso... ¿qué piensan hacer?