Brasil definirá el domingo en las urnas si prohíbe la venta de armas a civiles para frenar la violencia que mata 36.000 personas al año y lo convirtió en uno de los países con más altos índices de homicidios.
El "Sí" a la prohibición llevaba hasta la semana pasada la delantera en las preferencias del electorado, pero recientes sondeos han puesto en ventaja al "No"; una señal que ha sido interpretada como una expresión de la desconfianza de los brasileños hacia las instituciones que deben defenderlos.
En la consulta, obligatoria para los 122 millones de empadronados, los ciudadanos deberán responder a la siguiente pregunta: "¿El comercio de armas y municiones debe ser prohibido en Brasil?".
Antes del comienzo de la campaña, el "Sí" a la prohibición recogía 76% de las adhesiones. Sin embargo, el instituto Ibope informó el viernes pasado que 49% votará el "No" y 45% el "Sí".
Otra encuesta divulgada el miércoles por la empresa Toledo y Associados asigna más ventaja al "No": 52,1% contra 33,7%.
Los partidarios del "Sí" aseguran que la prohibición de comercializar armas reducirá el número de muertes y creará a mediano plazo "una cultura de la paz, en la que los conflictos personales no se resuelven a balazos", dijo el diputado Raúl Jungmann, líder del Frente Parlamentario por un Brasil Sin Armas, a la AFP.
También permitiría cortar el abastecimiento de los criminales, dado que "dos de cada tres armas usadas por los bandidos son robadas a personas que las compraron legalmente", asegura Jungmann.
"Eso no es verdad. La mayor parte de las armas (de los bandidos) son contrabandeadas. Puede que se hayan fabricado en Brasil, pero se exportan y retornan ilegalmente", replica el diputado Luiz Antonio Fleury, vicepresidente del Frente Parlamentario por la Legítima Defensa, en declaraciones a la AFP.
Según informes presentados ante organismos internacionales, en Brasil hay unos 17 millones de armas de fuego, de las cuales 8,7 millones son ilegales.
El campo del "No" insiste en la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y sostiene que los brasileños quedarán a merced de los criminales si se limita el derecho a la legítima defensa.
El grupo pro-desarme denuncia por su lado la existencia de un "lobby del gatillo" vinculado a la industria armamentista.
Pero sus adversarios les replican que prohibir las armas conducirá a acrecentar la brecha entre ricos y pobres, dado que sólo estarán protegidos quienes puedan pagar empresas privadas de seguridad.
Los partidarios del "Sí" admiten que uno de los puntos débiles de su campaña es la escasa credibilidad del Estado, desafiado a diario por las bandas de narcotraficantes que controlan las favelas y debilitado por la corrupción en los propios cuerpos policiales.
AFP