Ayer, ambas cámaras legislativas iniciaron las discusiones sobre una ley para prohibir la tortura por parte de fuerzas estadounidenses. El presidente George W. Bush amenazó con vetar la ley, por más que ha negado toda tolerancia con las torturas.

El mismo día, un ex alto funcionario del Departamento de Estado afirmó en un programa de la Radio Nacional Pública que el gabinete del vicepresidente Dick Cheney estaba por detrás de las directivas que estimularon a los militares en Irak y Afganistán a torturar prisioneros.

Las declaraciones del funcionario fueron formuladas un día después de que el Washington Post afirmara en un reportaje que la CIA operaba una red de prisiones secretas en ocho países, en las cuales unas 30 personas fueron recluidas e interrogadas.

"No se sabe prácticamente nada sobre esos presos, qué métodos de interrogatorio se están empleando con ellos, ni qué decisiones se toman sobre el plazo de su reclusión", dijo el Post.

El Consejero de Seguridad Nacional de Bush, Stephen Hadley, aun sin admitir que tales prisiones existieran, insistió en que el gobierno hará todo lo que sea necesario para luchar contra el terrorismo.

No obstante, Hadley precisó: "El presidente ha sido muy claro en el sentido de que todo lo que estamos haciendo es coherente con nuestros valores y que ésa es la razón por la cual (Bush) afirmó muy claramente que Estados Unidos no torturará".

Sin embargo, dirigentes políticos y grupos de derechos humanos dicen que está aumentando el cúmulo de pruebas de que Estados Unidos ha violado reiteradamente los acuerdos sobre derechos humanos y la Convención de Ginebra en el trato que dispensa a los prisioneros de la guerra contra el terror, incluyendo a los más de 500 que se encuentran en la isla de Guantánamo, en Cuba.

El ex presidente Jimmy Carter, por su parte, reaccionó al reportaje del Washington Post denunciando que ha habido "un cambio profundo y radical en los principios y en los valores morales de nuestro país".

"Esto es apenas una señal de lo que se ha hecho bajo esta administración para cambiar los principios que habían sido mantenidos a lo largo de nuestra historia", dijo Carter.

La Casa Blanca aparece cada día más acorralada entre sus negativas de tortura y su resistencia a una investigación independiente sobre maltrato a detenidos.

Una abogada de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, Katherine Newell Bierman, hizo notar que las fuentes del periódico eran gente de la CIA que se rebelaba contra la tortura.

Ayer, el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete del secretario de Estado Colin Powell, dijo a la Radio Pública Nacional que había descubierto una serie de memorandos y directivas procedentes del personal de Cheney, por las que se autorizaba a torturar a los detenidos en Irak y Afganistán.

Las afirmaciones publicadas por la prensa estadounidense sobre la existencia de centros de detención de la CIA en Europa deben ser investigadas, declaró hoy el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles.

"La posibilidad de que tales centros puedan existir en el territorio de Estados miembro del Consejo de Europa es extremadamente preocupante" y constituiría una "violación grave de los derechos humanos", consideró.

"Es esencial que estas afirmaciones sean investigadas minuciosamente", dijo, añadiendo que seguirá de cerca este tema.

La organización norteamericana defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) declaró estar "prácticamente convencida de que existen tales instalaciones, al menos en Polonia y Rumania". Estos dos países desmintieron la presencia de este tipo de cárceles en su territorio.

Por su parte, la Comisión Europea afirmó hoy que no alberga sospechas sobre la posible existencia de prisiones de la CIA en Polonia ni en Rumania, ni tiene "motivo alguno" para pedir aclaraciones a estos dos países.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló hoy que desde hace al menos dos años reclama en vano el permiso de Estados Unidos para visitar a terroristas presuntamente detenidos en el extranjero, indicó Antonella Notari, portavoz de la organización.

"Desde hace ya tiempo el CICR solicita regularmente ser informado y poder visitar a las personas detenidas en una serie de lugares secretos en el ámbito de la llamada `guerra contra el terrorismo"', explicó Notari.

La portavoz añadió que su organización intenta, desde al menos enero de 2004, llegar a un acuerdo con Washington para poder visitar a esos prisioneros.

"No hemos llegado a un acuerdo, por ahora, con las autoridades estadounidenses. Nuestro diálogo confidencial aún continúa", agregó.

El CICR -que es depositario de las Convenciones de Ginebra sobre la protección de prisioneros de guerra- se rige por principios de neutralidad y confidencialidad.

A través de las Convenciones de Ginebra, los Estados firmantes, entre los que se encuentra Estados Unidos, se comprometen a dar un trato humano a sus prisioneros y a permitir al CICR acceder a los detenidos.

El CICR es la única organización internacional autorizada por Washington a visitar a los detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo (Cuba), en Irak y en Afganistán.

En tanto, la sombra del escándalo por la filtración del nombre de un agente de la CIA parece destinada a pesar sobre la Casa Blanca durante meses, ante la lentitud con que se mueven los engranajes de la Justicia para juzgar a Lewis Libby, ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney.

La primera comparecencia judicial de Libby, ayer dejó en los analistas la certeza de que un potencial juicio en su contra no comenzará hasta mediados de 2006.

Eso significa que el caso, directamente relacionado con los polémicos argumentos de la Casa Blanca para ir a la guerra contra Irak, estará en la mira de los medios en los meses previos a las elecciones legislativas de noviembre.

Las directivas que llevaron a militares estadounidenses a torturar prisioneros en Irak y Afganistán habían partido del despacho del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, anunció un ex alto funcionario del Departamento de Estado.

El coronel Lawrence Wilkerson, jefe del gabinete del ex secretario de Estado Colin Powell, declaró en la Radio Pública Nacional (NPR) que había encontrado rastros de una serie de memorándums y de directivas por las que se autorizaba la tortura, dirigidas al Departamento de Defensa por los colaboradores de Dick Cheney.

Estas directivas contradecían una orden del presidente George W. Bush, de 2002, por la que se ordenaba al ejército estadounidense que respetara la convención de Ginebra, prohibiendo, por tanto, la tortura.

"Quedó una huella visible que iba desde la vicepresidente hasta los comandantes en Irak, pasando por el secretario de Defensa, en el sentido de autorizar la tortura con el fin de obtener informaciones sobre el terreno", afirmó el ex funcionario, un colaborador de larga data de Colin Powell.

Lawrence Wilkerson reconoció que "las directivas estaban redactadas en términos prudentes" pero daban a los comandantes una libertad de acción que desembocó en "numerosos casos de abusos contra prisioneros, contrarios a la convención de Ginebra, incluyendo la prisión de Abu Ghraib", afirmó.

"Un militar de carrera sabe bien que cosas como ésas no están permitidas pues, si no, los subalternos podrán aprovechar o sentirse tan presionados para obtener las informaciones que harán cualquier cosa para arrancarlas", añadió Wilkerson.

Añadió que Powell, cuando era secretario de Estado, le había pedido que investigara para descubrir cómo la tortura se había convertido en instrumento de la política estadounidense, después de que se revelaran los casos de abusos en las operaciones militares estadounidenses.

Wilkerson agregó que el nuevo jefe de Gabinete de Cheney, David Addington, que había sido hasta ahora consejero jurídico de la vicepresidencia, había sido un "abogado dispuesto" a autorizar torturas.

Wilkerson afirmó que Cheney creó un consejo nacional de seguridad "bis" para espiar y socavar el trabajo del Consejo Nacional de Seguridad de Bush, y añadió que los miembros de ese Consejo habían dejado de utilizar correo electrónico porque los colaboradores de Cheney escudriñaban sus mensajes.

El coronel declaró asimismo que los servicios de Cheney habían impedido que llegara a Bush un memorándum del Consejo de Seguridad en el que se recomendaba el envío de más tropas para invadir Irak.