El gobernador Jorge Obeid ratificó -mediante un decreto firmado al cierre de esta edición- la posición que sostuvo antes una resolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos: Santa Fe afirma que Aguas Provinciales no puede dejar la concesión de los servicios sanitarios en forma unilateral.
Como se sabe, la firma ha asegurado en numerosas oportunidades -últimamente el 29 de setiembre y el 8 de noviembre- que dejará el servicio el 27 del corriente.
Cabe recordar que también la compañía de origen francés ha afirmado que si es obligada a permanecer se considerará una "una suerte de rehén", y que en ese caso cargará los costos de esto al reclamo ya iniciado ante el Ciadi, que hoy suma 310 millones de dólares.
Nuestro país se ha sujetado a los fallos de ese centro de arbitraje internacional (que forma parte del Banco Mundial), mediante convenios bilaterales de protección de las inversiones externas firmados durante la década del '90.
El decreto de Obeid ratifica "la resolución del Mosp N°256 del 15 de setiembre" y rechaza las peticiones de las fechas antes citadas que formulara Aguas.
El segundo artículo dice textualmente "hágase saber al concesionario (Aguas) que no puede soslayar su obligación de continuar con la prestación de los servicios, hasta tanto no exista resolución firme en sede administrativa o judicial según correspondiere, que lo habilite a cesar con dicha obligación"; es decir, que no puede irse hasta tanto el Ejecutivo no manifieste acuerdo en la desvinculación contractual, o hasta que recurra a los tribunales santafesinos (a los que hasta ahora se ha negado sistemáticamente a asistir, aunque el contrato los reconozca como única instancia judicial).
Luego, el extenso artículo dice que "el presente (decreto) no importa una voluntad de la provincia de abandonar su decisión de intentar conciliar por vía renegocial los intereses públicos y privados comprometidos en los términos que habilita el sistema jurídico santafesino", en términos más claros: que Santa Fe sigue abierta a una negociación.
Los considerandos del decreto reiteran los argumentos del Ejecutivo que entiende que la empresa queda fuera del orden legal si abandona el servicio.