Vecinos de distintos barrios de la ciudad coinciden en un pedido común: tranquilidad, que se traduce en seguridad y en una garantía para sus vidas y sus bienes. Es que una sucesión de hechos de violencia de una gravedad extrema conmovió a la opinión pública y puso en jaque las respuestas oficiales. Asaltos cometidos en pleno centro, otros a escasos metros de reparticiones públicas e incluso a plena luz del día, con una saña poco habitual, vienen ocupando la atención de los medios y aportando a una sensación de inseguridad que, más que una abstracción es una cuestión bien palpable.

Así fue que se movilizaron, hace poco más de un mes, comerciantes y pobladores de las principales avenidas de la ciudad. Pero también vecinos de un sector de Guadalupe que exigieron paz y seguridad, y de Parque Garay que pidieron más iluminación y controles en el acceso al barrio, por mencionar algunas de las convocatorias más recientes.

La respuesta del gobierno a la primera movilización fue la creación del Consejo Consultivo de Seguridad Comunitaria, constituido también por vecinos, además de funcionarios. El flamante organismo que integran, entre otros, asociaciones comerciales de calles, se fijó un primer objetivo: desarmar a Santa Fe. Y partió para ello de un diagnóstico preocupante como es el promedio de dos armas secuestradas por día, a las que habrá que sumar aquellas que aún siguen disponibles en el circuito del delito.

La existencia de armas es motivo de preocupación recurrente entre los vecinos, como también la edad de quienes las portan. Desde la guardia del Hospital de Niños se admitía días atrás que los menores de edad que antes llegaban baleados luego de haber quedado encerrados en un tiroteo, ahora llegan heridos pero por haber participado en un hecho delictivo; son ellos los que tienen las armas.

Operativos policiales intensivos, confección de un mapa del delito, un refuerzo de la organización de alarmas comunitarias y la revitalización de las juntas barriales de seguridad se agregan a las metas propuestas por el Consejo. En todos los casos se impulsa la participación ciudadana como modo de trabajo y la posibilidad de generar propuestas para aportar a un objetivo común. Propuestas que, sin dudas, irán enlazadas con demandas que son permanentes y que muchas veces están ligadas con las condiciones de habitabilidad de los barrios y con la forma en que esto incide sobre la seguridad: además de presencia policial, es común que los vecinos coincidan en un pedido de desmalezamiento, apertura de calles y mejorado de los ingresos, sobre todo a medida que la urbanización se aleja del centro geográfico de la ciudad.

Más allá de las acciones directas que se impulsan y que buscan devolver la tranquilidad y recomponer la confianza en las acciones oficiales, no debe perderse de vista el argumento proclamado por autoridades y organizaciones barriales como es la base de exclusión sobre la que se sustenta el delito. Ignorar esa premisa supone volver a focalizar la respuesta en la coyuntura.