Varias razones se suman para alertar sobre impactos, similares a los observados a comienzos de la década del 90, en el funcionamiento del mercado de trabajo de las pequeñas y medianas empresas.
De la Redacción de El Litoral
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) afirmó que el gobierno tomó conocimiento de la incertidumbre que generaron los fallos de la Corte Suprema contra la Ley sobre Riesgos del Trabajo y estimó que las pequeñas empresas son las más perjudicadas.
La entidad dijo además que "a partir de los fallos de la Corte, los juicios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales están volviendo a ser, como lo fue hasta comienzos de los '90, uno de los temas más controvertidos dentro del desenvolvimiento de las relaciones laborales".
"Si bien todavía -admitió- el proceso está en gestación, ya se comienzan a percibir profundos impactos sobre el funcionamiento del mercado de trabajo".
Idesa refirió que el costo del seguro "está aumentando", pero esto "no evita que los empleadores tengan que afrontar demandas judiciales ni que se comiencen a generar dudas sobre la solvencia financiera de las ART. Por varios motivos, las pequeñas empresas son las más perjudicadas", insistió.
Por ello, desde que se conocieron los fallos de la Corte Suprema en setiembre de 2004 el costo del seguro de riesgos del trabajo creció alrededor de un 10 por ciento y la cantidad de juicios por accidentes y enfermedades profesionales prácticamente se duplicó, estimándose para el 2005 en un nivel de alrededor de 6.800 juicios.
El informe plantea que nueve de cada diez juicios por accidentes de trabajo se producen luego de la extinción del contrato de trabajo.
Según datos del Ministerio de Trabajo, las empresas con menos de cinco trabajadores rotan en promedio el 86 por ciento de su planta de personal cada año, mientras que las grandes sólo extinguen el contrato de trabajo al 29 por ciento del plantel por año.
Considerando que el salario promedio de los trabajadores registrados en empresas de menos de 5 trabajadores ronda los 950 pesos, un juicio de monto relativamente bajo (por ejemplo, $ 30.000 que es lo que correspondería a incapacidades inferiores al 10 %) implica una erogación equivalente a lo que este pequeño establecimiento paga de salarios a todos sus empleados en un año entero. No sólo se trata de un problema directo para las empresas, sino también para los trabajadores, ya que los riesgos de insolvencia aumentan.
Pocas soluciones
Como ocurría en el pasado, el fenómeno de la litigiosidad no se presenta de manera homogénea, sino que afecta con más intensidad a determinados sectores.
Cuando en el marco de la Revolución Industrial se comenzó a generalizar el trabajo asalariado, se puso en evidencia que la aplicación del Derecho Común a esta nueva relación contractual no aportaba soluciones razonables.
Una de las áreas donde esto se hizo más visible fue en los accidentes de trabajo.
"Obligar a que el trabajador demostrara la culpa de su empleador para acceder a las reparaciones previstas en el Derecho Común conducía, en la mayoría de los casos, a situaciones socialmente traumáticas y no contribuía a estimular acciones de prevención que evitaran nuevos siniestros. Esto motivó la creación de normas especiales -diferentes a las reglas previstas en las normas civiles- buscando una mejor protección para el trabajador sin perturbar el funcionamiento de las empresas", resaltó el informe de Idesa.
Dentro del marco
de la cobertura que ofrece la Ley de Riesgos del Trabajo, habría que explorar el establecimiento de dos mecanismos independientes. Según Idesa, por un lado, se debe perfeccionar el sistema de seguro social tradicional. Por el otro, establecer un régimen especial de reparto para las demandas fundadas en normas civiles junto con un registro de acceso público que transparente la litigiosidad espuria.