"Un hombre que comete un error y no lo corrige es propicio a cometer nuevamente el mismo error", es la cita de Confucio que Adelco eligió para hablar de la situación de los servicios concesionados de agua potable y cloacas.

Subraya la incertidumbre en que se encuentra Aguas Provinciales, y exige "la debida y efectiva participación de los usuarios". "No queremos ser más los convidados de piedra de la resolución de este conflicto, que nos afectará de manera directa", destaca.

Advierte que a la "terrible encrucijada se ha llegado por la permisividad del Estado Provincial que dejó que la concesionaria incumpliera reiteradamente todos los compromisos establecidos, aceptados (por la empresa) al firmar el contrato y la renegociación contractual".

Recuerda que Aguas "se quedó con más de 40 millones de pesos de los usuarios, que en 10 años de vigencia de contrato solamente cumplió plenamente el mismo en dos de éstos, que hace más de cinco años que no ejecuta redes nuevas de desagües cloacales ni de agua potable, ni efectúa obras de mejora de la calidad del servicio, que no cumplió con la colocación de más de 60.000 medidores de agua, que no plasmó el deber de brindar información adecuada y veraz a los usuarios, que no abonó más de cuatro millones de pesos en multas y que, como si esto fuera poco nos reclama a todos los ciudadanos santafesinos 300 millones de dólares ante el Ciadi".

"Esta grave crisis hace que la credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia la Administración se vea menoscabada, y muy especialmente por la marcada confusión en que parecen estar sumidos nuestros gobernantes, que oscilan entre la recuperación de la soberanía y la trasferencia del servicio con empresas de oscuros y dudosos antecedentes... Es imperativo utilizar los mecanismos de participación ciudadana, consulta popular, plebiscito o audiencias públicas y preservar el interés colectivo: legitimar socialmente cualquier resolución que finalmente deba adoptarse".

Adelco reclama información veraz sobre las opciones, que "no se agotan en la trasferencia de acciones o en una estatización a la vieja usanza" y tras un extenso análisis sobre la forma de llevar a cabo estas consultas (aún sin consagración en nuestra provincia, pero alentadas por la Constitución Nacional) la entidad solicita dos puntos al gobernador, legisladores, intendentes, concejales y presidentes comunales de cada uno de los quince distritos de la concesión.

Primero: que "se convoque la realización de consulta popular, plebiscito o audiencias públicas a los efectos de una participación efectiva y útil de los interesados en las modificaciones, transformaciones, etc., que del sector agua y saneamiento se puedan efectuar, con el fin de garantizar una decisión transparente y legitimada socialmente.

Segundo: que "no se tome ninguna resolución definitiva al respecto, y menos aun el cambio de prestador hasta tanto no se haya dado la debida participación de los usuarios a través de las audiencias públicas", sostiene la nota firmada por Luis Lombó y Graciela Torres.