Esta mañana, el fiscal Héctor Millen informó que pedirá a un juez que investigue a quince actuales y ex funcionarios municipales "considerando que se ha incurrido en los delitos de falsificación de documento público, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público", dijo. El mes pasado el funcionario judicial le envió un cuestionario al intendente Martín Balbarrey, para que informe sobre el destino de fondos para las llamadas obras virtuales.

Millen anunció en conferencia de prensa el fin de la primera etapa de investigación por las obras "que debían realizarse por medio de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, en el marco de un plan nacional de obras públicas, en el cual la Nación colaboraba con el 40 % de los fondos".

"He formulado un requerimiento de Instrucción ante el juez competente" José Manuel García Porta, expresó el titular de la Fiscalía N° 7. Consta de una serie de medidas para dilucidar responsabilidades de funcionarios políticos y de carrera de las gestiones municipales del ex intendente Marcelo Álvarez y de Martín Balbarrey.

También solicitó informes al Ministerio de Obras Públicas de la provincia, "para que me digan qué personal dependiente tuvo algo que ver en lo que marca el convenio celebrado entre la municipalidad y la secretaría de Obras Públicas", para hacer la certificación y constatación de las obras.

El fiscal explicó que se trata de un "eje fundamental para que en conjunto, se llevara la documental a la secretaría de Obras Públicas de la Nación, con la cual hicieron las diferentes entregas de dinero que era específicamente para materiales".

Millen relató el devenir de la investigación, eco de un trabajo periodístico publicado por este medio, en el que se daban a conocer una serie de irregularidades en la finalización de 30 obras públicas.

"Ante una noticia con posibles connotaciones delictivas puedo recabar la información necesaria para con un mejor fundamento hacer la presentación ante el juez competente", manifestó el fiscal, que descargó la responsabilidad en los medios, "para que esto no se diluya y llegue a una resolución correcta".

Entre la batería de medidas que tomó el representante del Ministerio Público Fiscal se encuentran pedidos de informes a la Intendencia, el listado de obras que figuran en la página web del organismo nacional correspondiente y una inspección ocular genérica sobre la mayoría de las obras a cargo de la URI de la Policía.

Con todo ese material pudo definir las imputaciones que hizo esta mañana sobre al menos quince personas. "Falsificación de documento público, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" serían las supuestas irregularidades cuyos responsables podrían asumir acorde con los distintos grados de autoría.

En cuanto a las diligencias pedidas por el fiscal, cuentan "una pericia contable" sobre el movimiento de cuentas bancarias. Además, adelantó que pedirá que se tome declaración indagatoria a los funcionarios involucrados, ya que "significa que cada quien haga constitucional acto de defensa material y exponga si tiene que ver o no tiene que ver" en el tema.

Millen aclaró que "acá no se trata de alguien contra nadie" sino que "es una cuestión objetiva".

Sobre el informe elevado por un funcionario de la URI el fiscal confirmó que es coincidente con el que presentó la Municipalidad en un 90 %, aunque aclaró que hay cuestiones técnicas "sobre las que puede dubitarse", pero en líneas generales responde a las obras no realizadas y realizadas.

Acto seguido se refirió al descargo que hizo la propia Municipalidad, "en el que informa que hay 11 obras que no fueron realizadas", y para las cuales la Nación había enviado todo el dinero comprometido.

Además, recordó que "en los informes existentes son 11 las obras que no se hicieron, por un monto de 248.000 pesos de materiales, sobre los 539.000 que estaban presupuestados; otras que las hicieron en otro lugar, o parcialmente".

Según confirmó el funcionario, "en la actualidad existe un remanente de dinero a disposición de la Municipalidad", pero no se sabe el destino de los fondos hasta tanto no se realice el peritaje contable.

Ahora existen dos caminos que pueden definir el destino del expediente judicial. El juez que tome la causa puede optar por la investigación abreviada, en la que es la fiscalía la que, habiendo mérito suficiente, pedirá que se eleve a juicio. De aceptar la investigación, será el propio juez quien dicte la falta de mérito, sobreseimiento o procesamiento de los imputados.

En cuanto al tiempo que podría llevar dijo que "esto no va a ser fácil, porque el juzgado va a tener que empezar de cero" con la investigación.

El antecedente más fresco en la memoria de los santafesinos, de un intendente al que investigó la justicia, es el de Carlos Aurelio Martínez, quien fue elegido para el cargo en los comicios de 1987.

En marzo de 1989, cuando una comisión investigadora acumuló los antecedentes sobre una serie de irregularidades administrativas y contables, y se aprestaba a elevarlos a la justicia, Martínez renunció. El presidente del Concejo, y titular de esa comisión que investigó al intendente, era el hoy gobernador, Jorge Obeid, quien asumió las funciones de Martínez y convocó a elecciones.

En una recordada elección, el demoprogresista Enrique Muttis, quien por entonces era diputado nacional, ganó la intendencia. Estuvo al frente del Palacio de calle Salta por un año y medio, cuando falleció. El justicialista Hugo Ponce, titular del Concejo lo sucedió hasta cumplir mandato, en diciembre de 1991.

La justicia investigó a Martínez y colaboradores directos, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y de peculado. Martínez fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que teóricamente debió permanecer por un mínimo de ocho meses encarcelado. Sin embargo, mantuvo su libertad porque ya había estado un año y medio en prisión entre 1990 y 1991.