Un líder paramilitar que se acogió al proceso de paz con el gobierno confesó las intimidaciones que ese grupo usó para apoderarse de tierras y ganado de los campesinos que mataban, supuestamente por auxiliar a la guerrilla.
Según el testimonio de Sergio Manuel Córdoba, un jefe del desmovilizado bloque Héroes de Anorí de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, de extrema derecha), los paramilitares amenazaban y presionaban a viudas y huérfanos para que les entregaran tierras y ganado de sus víctimas, señaló el diario El Tiempo.
Un estimativo señala que al menos entre 7.000 y 11.000 personas fueron muertas durante los últimos 20 años por esos grupos creados por ganaderos, hacendados y narcotraficantes del centro y norte de Colombia para frenar la expansión de las guerrillas.
Una vez que ocurrían los asesinatos, las AUC convocaban a los deudos, que "comenzaban a ser presionados para que traspasaran los bienes a los jefes del grupo de autodefensas de la zona", señaló Córdoba en apartes de su confesión reproducidos parcialmente por el periódico.
Córdoba es considerado como lugarteniente en las AUC del comandante Diego Vecino (cuyo verdadero nombre es Eduar Cobos), quien en julio entregó las armas junto con casi 600 de sus hombres, en el marco del proceso de paz iniciado en 2003 con el gobierno del presidente Alvaro Uribe.
En las tierras las AUC montaban campamentos para sus tropas y el ganado lo usaban para obtener dinero para financiar sus frentes.
A cambio de la desmovilización de sus hombres, de los cuales casi 23.000 han entregado hasta ahora las armas, el gobierno impulsó una ley que fija una pena máxima de ocho años para sus delitos, incluyendo algunos de lesa humanidad.
Para poder obtener esos beneficios deben hacer una previa confesión, según señala la Ley de Justicia y Paz, que reglamenta la negociación.
Además, Uribe paralizó la extradición a Estados Unidos de varios jefes paramilitares, que la Justicia norteamericana considera como capos del narcotráfico.
Al darse a conocer su informe anual sobre Colombia, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció que algunos paramilitares comprometidos en el proceso de paz siguen delinquiendo y cometiendo masacres y dijo que el gobierno de Uribe es cómplice por omisión.
(AFP)
