Debieron pasar casi ocho años para que los empleados del ex Banco Provincial de Santa Fe que habían optado por permanecer en la entidad tras su privatización, recibieran formalmente las acciones que les correspondían por aplicación del Programa de Propiedad Participada (PPP).

El ex banco estatal se transfirió el 30 de junio de 1998, pero recién el viernes último la provincia selló con representantes de la Asociación Bancaria, el acuerdo que no sólo permite la transferencia accionaria, sino también el reparto de utilidades.

Cuando el banco se vendió, el 10 por ciento de las acciones había quedado reservado para el personal, en cumplimiento de la ley nacional que prevé a través del PPP, la integración de los trabajadores a la gestión de las empresas sujetas a una privatización. Este porcentaje estaba constituido por las acciones "Clase B", que los empleados del Nuevo Banco de cualquier jerarquía podían obtener a título oneroso.

Tras años de papeleo, gestiones y discusión, el Poder Ejecutivo firmó la semana pasada el decreto Nro. 1146 que convalida la transferencia accionaria. El acto se consensuó entre la provincia y dos referentes de la Bancaria -María del Carmen Goniel y Hugo Valeri-, a quienes el personal había conferido un poder.

"Fue un paso trascendente en el camino iniciado tiempo atrás", dijo a El Litoral, el subsecretario Legal de Ministerio de Hacienda, Javier Gallo. El funcionario precisó que son exactamente 805 agentes del Nuevo Banco de Santa Fe los que obtuvieron las acciones.

El Acuerdo General de Transferencia permite que por primera vez, aquellos 800 trabajadores accedan al reparto de las utilidades del banco.

"En los primeros años, el banco transferido no obtuvo utilidades. Después, por las vicisitudes de la economía el Banco Central prohibió que se distribuyeran en cualquier entidad, como consecuencia de la devaluación y para evitar transferir patrimonios netos o capitales. Recién a partir de 2003, el Central permitió nuevamente tal distribución. El NBSF empezó a generar utilidades de manera concreta en 2004 y 2005. Pero como restaba el acto administrativo de la transferencia accionaria, recién ahora ese dinero que permanecía depositado en una cuenta indisponible de la provincia, se lo podrá distribuir entre el personal", dijo a El Litoral el director de Control del Agente Financiero, Ernesto García.

Según precisó, las utilidades del ejercicio 2004 para accionistas clase "B" fueron de 4.712.087 pesos; en 2005, de 7.258.372. La suma redondea los casi 12 millones. De ese total, los trabajadores recibirán en realidad, el 50 por ciento porque el resto -casi 6 millones de pesos- quedará en manos de la provincia en concepto de pago de las acciones compradas. El precio total del paquete accionario que el personal debe pagar a la provincia es de 6.180.333 pesos, por lo que el saldo se reduce a menos de 200 mil. En tanto, lo que cada empleado recibirá como utilidad del período 2004-2005 promedia los 7.435 pesos.

Ahora, la Asociación Bancaria como gestora del negocio deberá "sindicar las acciones". Ello implica convocar a una asamblea de Clase B para resolver deberes y atribuciones de quien maneje dicha sindicación.

Respecto de la cantidad de acciones que recibe cada empleado, el número está sujeto a la aplicación de una fórmula polinómica prevista en la propia ley de privatización, que contempla diferentes parámetros como antigüedad, cargo, carga de familia, etc. Pero el promedio sería de unas 7.200 cada uno.

"A partir de ahora, los accionistas se moverán con independencia; la provincia deja de tener participación total en lo que refiere a acciones del Banco, y no le cabe ninguna otra obligación respecto del Programa de Propiedad Participara", dijo García. El funcionario puso énfasis en "el esfuerzo" que implicó interactuar con el sector privado y con los sindicados. "Hemos tenido nuestras discusiones, pero siempre tratando de lograr este objetivo. Desde mi experiencia -relató-, creo que es la única privatización que ha terminado con una transferencia efectiva".

Gallo destacó la labor de la Comisión de Seguimiento de la privatización, y reconoció también las "dificultades" que implicó tanto la venta como los vaivenes económicos que retrasaron el proceso. "De todas maneras -aclaró-, la gestión del actual Ministerio de Hacienda retomó la gestión con ímpetu y fuerza, y logró que se terminen las actuaciones".

"Para nosotros, fue plantar un arbolito después de muchos años", confesó García.