Desde hace algunas semanas, los ediles locales pretendían tener un encuentro con el fiscal municipal, Fernando Boni, para sacarse algunas dudas con respecto a los procedimientos administrativos y judiciales referidos a los desagües clandestinos que desembocan en la Setúbal y denuncias sobre inspectores del área de Control.
En el primer caso, conviene recordar que en 1998 desde el Concejo Municipal se alertó sobre la presencia de altos índices de contaminación fecal en las aguas de la laguna Setúbal. En ese momento, un recurso presentado en la Justicia por el entonces concejal Darío Boscarol (UCR) culminó en una sentencia del juez Claudio Bermúdez donde se fijó un plazo de diez días para que la Municipalidad efectúe un relevamiento en los distintos desagües pluviales con el fin de detectar conexiones cloacales clandestinas.
La Municipalidad apeló y la Cámara de Apelación N° 4 ratificó la interpretación del juez en el año 2003. Sin embargo, los estudios no avanzaban y desde el municipio se insistía en que esto era incumbencia de la empresa prestadora del servicio de agua.
Ante los presidentes de los diversos bloques que integran el deliberativo local, el fiscal y el secretario de Asuntos Hídricos, Horacio Ruíz, aceptaron la sentencia y anoticiaron de la presentación ante el juez de un programa escalonado en diversas etapas para detectar cuáles son los hogares fuera de regla que contaminan la Setúbal. La primera es "cuantificar cuál de todos los desagües está llevando la mayor cantidad de agua servida a la laguna para tratar primero a esa cuenca".
Al mismo tiempo, presentarán notas a "Aguas Santafesinas y al Enress" para que les informen cuáles son los domicilios en la zona que no tienen servicio de cloaca.
Con respecto a las denuncias que trascendieron semanas atrás de que inspectores municipales habrían sustraído mercadería incautada en el parque Alberdi, el fiscal Boni informó que se iniciaron cuatro procesos sumario que incluyen a varios agentes por actas adulteradas y pedido de coimas.
Por último, el fiscal se comprometió a concurrir al Concejo en 15 días para informar sobre el avance de la causa conocida como "obras virtuales". Como se recordará, la investigación realizada por El Litoral a fines del año pasado desembocó en un procedimiento judicial que inició el fiscal Héctor Millen, en el marco de presuntas irregularidades en el manejo del Plan Nacional de Obras Municipales.
