Por Laura Hojman (DyN)
Las experiencias contrarias al acceso de las mayorías a los bienes sociales y económicos, entre ellos a la enseñanza, vienen "cayéndose" indefectiblemente en estos últimos años por su propio peso y por la presión de los cientos de excluidos.
Muchas estadísticas oficiales -que han sostenido políticas de exclusión y formación de una elite ilustrada, en varios puntos del planeta, fundamentalmente en América latina- hablan del "abandono" y la "repitencia", de niños y jóvenes en los niveles primario, secundario y universitario, en lugar de referirse a la verdadera causal, que es esa selección no natural llamada exclusión.
Más allá de las masivas adhesiones que llevaron a la presidencia de Chile a Michelle Bachelet, las más de tres semanas de huelgas e incidentes que protagonizan miles de estudiantes secundarios y universitarios de ese país, son el emergente y el grito desesperado en contra de un sistema rígido y excluyente ideado en la gestión del dictador Augusto Pinochet.
Desde Argentina, se mira con preocupación la explosión estudiantil del país trasandino que durante los '90 era para muchos ex funcionarios de nuestro país "el paradigma educativo", con su proceso de reforma a ultranza, de la mano de la descentralización de las escuelas hacia los municipios.
Ese desentendimiento del Estado chileno con las escuelas trajo no pocas desigualdades, entre ellas las económicas, entre municipios pobres respecto a los pudientes.
Los secundarios chilenos piden ahora la reforma de la Ley de Enseñanza, impuesta por la dictadura de Pinochet, y de la jornada escolar completa, así como la gratuidad de las pruebas de selección universitaria y el transporte público.
El movimiento estudiantil de Chile, uno de los más poderosos y cohesionados de la región, no obstante no pudo cumplir con su promesa de realizar jornadas de reflexión y debate en escuelas y universidades, ya que un grupo de secundarios se enfrentó con los carabineros, lo que pone en peligro la legitimidad de la demanda.
El gobierno chileno anunció la semana pasada una serie de medidas que acceden a la mayoría de las demandas, pero dijo que no era posible solventar el transporte gratis por su alto costo, de $ 166.000 millones (unos 313 millones de dólares) al año.
En las similitudes del caso chileno, algunos universitarios argentinos mencionan el reclamo de los secundarios para que se les otorgue "más participación" en el Consejo que reformará la Ley Orgánica Constitucional de Educación.
La mandataria chilena buscó frenar la protesta estudiantil con la creación del Consejo Asesor de la Educación, que tendrá sólo 12 cupos para estudiantes, de los cuales seis serán para secundarios y el resto para universitarios.
Para los jóvenes, una mesa de trabajo con 66 integrantes resulta ser "inoperante y dilatoria al momento de discutir".
En la Universidad de Buenos Aires (UBA), estalló también un sistema de representación y gobierno, instaurado desde hace 50 años, que a pesar de las promesas, nadie reformó.
Hoy, ya no se discute desde ningún sector del conflicto de la UBA, que el gobierno de una casa de altos estudios no puede funcionar con el 5 por ciento de sus representantes.
