La palabra "sensación" está de moda. Así, en los medios periodísticos retumban una y otra vez conceptos tales como "sensación" de inseguridad, "sensación" de euforia económica o "sensación" de impunidad.

Planteado de esta manera, siempre existe un resquicio para la duda acerca de si estas impresiones reflejan exactamente la realidad o, por el contrario, son meras percepciones sociales sustentadas en cuestiones emotivas.

Sin embargo, el creciente reclamo por una Justicia más eficiente -tantas veces presentado como "sensación de impunidad"- se encuentra apuntalado por una serie de datos concretos que demuestran por qué tantas quejas no son antojadizas.

Las estadísticas oficiales dicen que al finalizar el segundo semestre de 2005, existían en la Justicia Federal de Santa Fe 64.573 causas acumuladas para ser resueltas por apenas dos jueces.

Tal como lo destacara un informe recientemente publicado por El Litoral, si de sacar promedios se trata se puede afirmar que cada magistrado tiene en sus manos más de 32 mil causas; o que si quisieran "ponerse al día" deberían resolver siete causas por hora trabajando ininterrumpidamente durante los próximos 12 meses -sin fines de semana, feriados, ni descansos nocturnos.

En estos Juzgados, seguramente, habrá funcionarios o empleados que trabajen más, y otros que demostrarán menos apego a sus obligaciones cotidianas. Esto es así en la Justicia Federal de Santa Fe como en cualquier otro ámbito laboral, pues forma parte de la condición humana y de cualquier clase de organización.

Sin embargo, se deben reconocer las fallas profundas en un sistema judicial abarrotado de causas y que no cuenta con la cantidad de personal, ni con la infraestructura necesaria, como para brindar un servicio medianamente eficiente.

Cada Juzgado en Santa Fe está integrado por cuatro Secretarías y, en cada una de ellas, trabajan aproximadamente 5 ó 6 empleados. Además, los jueces federales locales son de "competencia múltiple", lo que significa que cada uno de ellos debe actuar indistintamente en materia penal (por ejemplo narcotráfico, falsificación de instrumento público, etc.), civil y comercial (demandas contra el Estado nacional, etc.), leyes especiales (cartas de ciudadanía, amparos, etc.) y ejecuciones fiscales (casos planteados por la Afip contra deudores impositivos). Además, al juez federal N° 1 se le agrega la función de actuar en materia electoral.

Y esto no es todo: los magistrados federales hacen de jueces de Menores en los casos en los que, por ejemplo, un chico menor de 16 años es encontrado por la policía consumiendo drogas.

Más allá de los discursos políticos y de las posibles buenas intenciones de quienes los pronuncian, el Estado deberá avanzar en un fortalecimiento integral de los sistemas judiciales pues, de lo contrario, será realmente difícil que la ciudadanía deje de percibir que la impunidad está instalada y poco se puede hacer para terminar con ella.