La Cámara de Diputados dispuso la realización de un relevamiento de fallecimientos de personas de identidad desconocida y tumbas en las que se hubiere dado sepultura a fallecidos de los que no se conozcan sus datos de identidad ocurridos en el período comprendido entre los años 1976 y 1983 en la provincia. La tarea será llevada adelante por el Registro Civil y la Secretaría de Derechos Humanos de acuerdo al proyecto de ley votado y girado al Senado en revisión.
La iniciativa fue autoría del bloque del ARI, de los socialistas Lucrecia Aranda y Alfredo Cecchi y el justicialista Ricardo Peirone y apuntaba, en su origen, a crear un registro de fallecimientos NN en el mencionado período.
El despacho aprobado encomienda al Registro Civil el relevamiento de los fallecimientos en base a las actas de defunción y a las autoridades ejecutivas de los municipios y comunas el relevamiento de las tumbas. En ambos casos deberán consignar la causa de la muerte, el destino de los restos y la referencia de la autoridad que ordenó la inhumación.
El texto votado dispone además que en los próximos diez años "toda acción o intervención sobre tumbas de personas de identidad desconocida no podrá realizarse sin una orden escrita de autoridad judicial competente".
Además le encomienda a la Secretaría de Derechos Humanos implementar un registro de fallecimientos y de tumbas de personas de identidad desconocida en base a la información que obligatoriamente le remitirán el Registro Civil así como los municipios y comunas. Este registro se mantendrá debidamente actualizado y los datos "se colectarán del modo previsto en la ley 25.326 y se actualizarán o rectificarán cuando se aporten nuevas pruebas. La información en el registro contenida será pública".
Una disposición transitoria obliga a Derechos Humanos a confeccionar un instructivo a los fines de la obtención de los datos por las autoridades locales. Estos datos deberán ser recabados en el plazo máximo de 120 días corridos y deberá remitirse a dicha secretaría dentro de los 10 días posteriores a la conclusión del trabajo.
En la administración pública
En otro proyecto, la Cámara solicitó al Poder Ejecutivo que la Secretaría de Derechos Humanos elabore un listado de los agentes dependientes de la Administración Pública Provincial que hubieran sido muertos o permanecieran desaparecidos por causa del terrorismo de Estado entre los años 1976 y 1983.
El objetivo es que ese listado sea expuesto en forma permanente, en cada jurisdicción bajo el título "homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado entre los años 1976-1983. Verdad, justicia y condena".
La iniciativa firmada por diputados aristas y socialistas ordena que el listado debe ser confeccionado en los próximos 120 días.
