En un gran revés para la "guerra contra el terrorismo" del presidente George W. Bush, la Corte Suprema, en una votación 5-3, estimó que el gobierno violó la Convención de Ginebra de 1949 sobre prisioneros de guerra y el código de justicia militar estadounidense, al ordenar que un tribunal militar procesara al yemení Salim Ahmed Hamdan, ex chofer del líder de Al Qaeda Osama Ben Laden.

La decisión de la Corte podría tener fuertes consecuencias en la forma en que el gobierno lleva adelante su "guerra al terrorismo" y sobre el futuro de la prisión de Guantánamo, donde Estados Unidos mantiene a unos 440 detenidos en un limbo legal, afirmando que son "combatientes enemigos".

Entretanto, el Congreso informó que trabajará en establecer un marco jurídico que permita juzgar a los presuntos terroristas detenidos en Guantánamo, según declaró el senador John Warner, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes.

"Ésa será una de nuestras más altas prioridades", declaró Warner.

Por su lado, el senador republicano Arlen Specter presentó el primer borrador de un proyecto de ley que intenta llenar el vacío jurídico respecto a los detenidos en Guantánamo, horas después del fallo de la Corte Suprema.

El proyecto de ley autoriza al presidente a establecer "comisiones militares" para juzgar a los detenidos en Guantánamo. Especifica que, tanto en primera instancia como en la apelación, la justicia militar será la única competente. La Corte Suprema no podrá intervenir más que en último recurso.

El presidente Bush dijo también ayer que tomará "seriamente" la decisión de la Corte Suprema. "Todavía no pude revisar las conclusiones de la Corte Suprema. Quiero asegurarles que vamos a tomarlas seriamente".

Anthony Romero, el director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense de Derechos Civiles), que ha sido uno de los mayores oponentes de estos tribunales, dijo que el veredicto era un gran golpe para los planes del gobierno de Bush.

"La Corte Suprema ha dejado claro que el Poder Ejecutivo no tiene un cheque en blanco en la `guerra contra el terrorismo' y no puede atropellar el sistema legal de la nación", comentó.

El dictamen es crucial para el futuro del criticado campo de Guantánamo y representa una prueba para los amplios poderes presidenciales usados para los primeros tribunales estadounidenses destinados a juzgar crímenes de guerra luego de la Segunda Guerra Mundial.

El fallo del máximo tribunal se refiere a un dictamen previo mediante el cual una corte de apelaciones había declarado legales a los tribunales militares de excepción y que no violaban la Convención de Ginebra.

Salim Hamdan, detenido en Afganistán en noviembre de 2001 e inculpado de complot en julio de 2003 por un tribunal militar de excepción, presentó un recurso contra estos organismos, creados sin intervención del Congreso luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

"Los procedimientos adoptados para juzgar a Hamdan también violan las Convenciones de Ginebra", estimaron los jueces.

La Convención de Ginebra considera "una gran flexibilidad para juzgar a las personas capturadas durante un conflicto armado. Sus exigencias son generales, concebidas para adaptarse a una gran variedad de sistemas judiciales. (...) La comisión (tribunal militar) que el presidente instauró para juzgar a Hamdan no satisface estas exigencias", indicó la Corte.

Los abogados de Hamdan argumentaron que estos tribunales no habían sido aprobados por el Congreso.

Bush declaró por su parte que no había consultado al Congreso porque había usado las facultades extraordinarias que le dio la legislatura una semana después de los ataques del 11 de setiembre de 2001, para tomar todas las acciones necesarias contra los implicados en los ataques.

Solamente 10 prisioneros han sido formalmente acusados y todos los juicios fueron suspendidos en espera del fallo de la Corte Suprema.