Juventus aceptó la condena de descender a la Serie B. En tanto, varios dirigentes involucrados podrían recibir años de suspensión. 13 de los 23 jugadores de la selección "azzurra" integran los clubes que bajarían de categoría. Polémica y escándalo por las escuchas telefónicas y los árbitros implicados.
La gente que comanda al club Juventus admitió que el descenso a la Serie B, más una quita de puntos, sería una condena "aceptable", en un sorprendente cierre de la segunda jornada del máximo juicio por corrupción desarrollado en el fútbol de Italia.
"La pena aceptable sería la que pidieron para los demás clubes, la Serie B, y con la penalización (de puntos)", expresó Cesare Zaccone, el abogado de Juventus, al responder a una pregunta de Cesare Ruperto, titular de la Comisión Federal de Apelaciones (CAF) de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).
"Que conste en actas", dijo inmediatamente Ruperto.
Juventus, el club más popular y con mayor número de "scudettos" en la liga italiana, mantendría sus ganancias por televisión y patrocinio, que significan el 79 por ciento de sus ingresos totales, pero, si cae sólo a la B, no así si el club es descendido a la Serie C.
El caso se convirtió en la nota destacada del día, en que los cuatro clubes y las 26 personas acusadas expresaron, uno tras otro, su inocencia y rechazaron los pedidos de descenso de categoría, suspensiones y multas solicitados el martes pasado por el fiscal Stefano Palazzi.
Incluso, Palazzi había pedido el descenso a Serie C, más la quita de los dos últimos títulos de Juventus, al que consideró máximo responsable, pues para las otras tres instituciones acusadas solicitó descenso a la Serie B: con quita de 3 puntos para Milan y de 15 para Fiorentina y Lazio, respectivamente.
Defensa de las víctimas
Antes de su sorpresiva respuesta final, Zaccone afirmó que Juventus no tuvo "responsabilidad directa" en el escándalo y que su ex director general, Luciano Moggi, principal dirigente implicado, "jamás fue representante legal" del club turinés. Además, el abogado aseguró que las escuchas al teléfono de Moggi, la cuales desnudaron arreglos con árbitros para manipular resultados de partidos de la liga italiana no significaban "hechos graves, sino turbulencias mediáticas".
Luigi Chiappero, abogado de Antonio Giraudo, otro de los dirigentes de Juventus acusados en la causa, había afirmado poco antes que su cliente sólo realizó actividades de lobby, requiriendo "garantías" arbitrales "en un mundo pleno de sospechas como el del fútbol".
"La acusación de ilícito deportivo me humilla y me degrada. Siempre fui correcto y mantuve la dignidad de mi cargo. Claro que si se comprueban los hechos hay cosas graves, pero yo jamás tapé nada", se defendió, a su vez, Franco Carraro, ex titular de la FIGC, al abrir la jornada.
Sanciones
Franco Carraro, ex titular de la FIGC, al abrir la jornada. Carraro, quien debió renunciar por el escándalo, podrá sufrir cinco años de suspensión y, además, una multa, según pidió el fiscal Palazzi el martes pasado, el mismo día que Italia avanzó a la final del Mundial en Alemania. Las sentencias, según se prevé, podrían conocerse tal vez antes del domingo, día de la final del torneo.
