Humblot Olivier es ciudadano francés y desde hace tiempo explota comercialmente el Complejo Turístico de Aventuras La Huerta S.A., en el distrito Colonia Teresa, San Javier. En general, su clientela está conformada por turistas europeos que llegan a la zona para practicar la caza deportiva.

El 25 de mayo pasado, efectivos policiales de la Guardia Rural Los Pumas allanaron el establecimiento, decomisaron armas, municiones y, por orden del juez de Instrucción, Rubén Saurín, detuvieron a Olivier. Pocos días después, el francés fue procesado como presunto responsable de los delitos de tenencia ilegal de armas de uso civil y de guerra, y de acopio de municiones.

Estuvo detenido hasta el miércoles de la semana pasada -es decir que pasó 35 días en prisión-, hasta que la Sala I de la Cámara de Apelaciones ordenó su libertad porque consideró que éste no cometió delito alguno.

El abogado defensor de Olivier, Marcelo Racca, se quejó porque "el juez Saurín desconoció totalmente la prueba presentada sobre las armas y fichas técnicas en el ingreso al país otorgada por la Policía Aeronáutica Nacional en Ezeiza".

Los camaristas Echauri, Rucci y Villar sostuvieron que no existen dudas de que el imputado realiza una actividad "lícita" y que explica "abiertamente el por qué de la tenencia de armas y municiones". Si bien reconocen que estas circunstancias pueden "aparentar una situación distinta", tal cosa "no está demostrada en absoluto".

"Ha quedado acreditada la condición de extranjero y el control del ingreso de las armas secuestradas mediante documentación respectiva, sin restricción de ningún tipo", insistieron los camaristas.

"En definitiva, -agregaron- estamos en presencia de un sujeto dedicado al sano ejercicio de la caza deportiva permitida", por lo que consideraron que es "elocuente que las armas o materiales no se utilizaron con fines delictivos".

Pero todo indica que en este procedimiento se produjeron algunas irregularidades. El abogado de Olivier explicó que, al llegar los efectivos de Los Pumas al establecimiento, fueron atendidos "por el empleado encargado Anaud Chevassus Versoix, también francés, que no entiende el idioma castellano. Sin embargo, los policías igual le leyeron la orden de allanamiento ante la cual, obviamente, no se ofreció resistencia alguna".

"El encargado -insistió Racca-, también imputado en este proceso, no tuvo la posibilidad de conocer los alcances del acto y, menos aún, se puede aceptar que éste haya firmado conforme si no habla ni entiende el idioma".