La iniciativa del gobierno nacional sobre una nueva ley de Educación Nacional no puede ser mal calificada, en principio por los objetivos que expresa y porque la metodología propuesta no deja de ser ponderable.

Entre los objetivos podemos destacar el restablecimiento de un solo sistema educativo para todos los argentinos, equitativo en cuanto a las posibilidades de ingreso, y con el calificativo de nacional, entendiendo que será consecuencia de un proyecto de Nación más contenedora de todos, más abarcativa, más amplia...

Como metodología ha propuesto un debate entre todos los integrantes de la comunidad, para tratar de consensuar aspectos esenciales de dicho proyecto legislativo. Este aspecto de la propuesta, precisamente merece observaciones y es donde se presentan las mayores dudas...

A cualquiera puede llamarle la atención que los voceros de la Iglesia, (no la Iglesia católica, ni los católicos) hayan asumido la defensa de la Ley Federal de Educación, para finalizar cuestionando la necesidad y oportunidad de la reforma o de la propuesta de ley que hace el gobierno nacional.

Era de esperar. La Ley Federal de Educación les significó dos grandes logros a nuestros empleadores.

La definición sobre la unicidad del sistema educativo, a través de la suma de la gestión estatal y de la gestión privada, los ilusionó con un mayor aporte del Estado para la gestión privada.

En ese mismo sentido, les permitió descargar en el Estado la mayor responsabilidad sobre la problemática educativa, ocultando o posponiendo la natural y lógica responsabilidad de todo propietario por la suerte y ventura de su establecimiento...

Todo esto significó que, en materia laboral, el discurso terminara concluyendo que ellos (nuestros empleadores) eran meros colaboradores del Estado, meros gestores del sistema, sin responsabilidad alguna sobre las obligaciones esenciales para con sus trabajadores docentes...

íAsí acuñaron la jeroglífica y mentirosa expresión de escuelas públicas de gestión privada!

La educación pública de gestión privada no es lo mismo que las escuelas públicas de gestión privada. Éstas (las escuelas) fueron, son y serán establecimientos privados, con empleadores particulares y trabajadores de la actividad privada, sujetos a la normativa laboral de todos los trabajadores o empleados particulares.

El sistema público de enseñanza no convierte a las escuelas privadas en escuelas públicas; tampoco se transfiere a los docentes privados o particulares el status estatal por el rol que cumplen, como de ninguna manera se transforma a los escribanos públicos en agentes del Estado, por más función pública que cumplan.

Pero estábamos hablando del debate sobre la nueva ley de Educación nacional, y entendemos que el mismo ha sido restringido a determinados temas, excluyendo del diálogo problemáticas como la formación de los docentes, la incorporación al sistema educativo de todos los excluidos, las líneas de acción para los desertores y el apoyo del Estado para los repitentes, entre otras cuestiones.

Asimismo se circunscribió el debate al ámbito escolar, lo cual es un verdadero atentado a la libertad de expresión. ¿Quién podría levantar la voz en una escuela privada en contra de los dichos de su empleador, o de los intereses del propietario?

Se impone una mayor libertad para el debate propuesto y la posibilidad cierta de incorporar, en la discusión y en la ley, todos aquellos temas que quedaron afuera de la propuesta oficial.

La otra gran duda que se observaba y que expresaban los docentes se refiere a la trascendencia o destino de sus opiniones, al vehículo de transferencia de las propuestas y, en definitiva, a la seriedad del procedimiento.

El Sadop ha sido convocado, como integrante de la comunidad educativa nacional, para opinar y hacer saber sus propuestas. Nuestros empleadores, aún como meros gestores del sistema, también se anotaron para expresar sus puntos de vista, o la forma de defender sus intereses. La iniciativa del Sadop es que su opinión se nutra del sentir, del pensamiento y de las propuestas de todos los docentes privados.

Por esto proponemos un debate libre, en ámbitos adecuados y con la libertad temática y de expresión garantizadas. De lo contrario, las dudas de los docentes serán la certeza de que enfrentamos un nuevo conciliábulo entre los que dicen que saben, que piensan igual y que rápidamente se ponen de acuerdo en aquello que les interesa, que casualmente no suele ser lo que realmente le interesa al pueblo, que sí hace a la Nación y que reclama en la educación la dignidad de persona y la oportunidad y la posibilidad para ser más.