Es difícil imaginar que el radicalismo de Alfonsín o el ARI de Elisa Carrió sostengan una visión estratégica de país esencialmente diferente a la que imagina Néstor Kirchner. En lo económico, social y político, los tres se acercan a la ilusión del renacer de un Estado de bienestar, que discipline al mercado y muestre un perfil socialdemócrata que aliviane las contradicciones ideológicas. Los tres, en otras palabras, seguramente coincidirían en el objetivo de borrar los trazos más gruesos del dibujo neoliberal.

Las coincidencias no terminan allí. Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y -sin dudas- un hipotético mandato de Elisa Carrió se parecerían también en la forma de ejercer el poder: hegemónicamente, sin consensos y ejerciendo hasta el extremo la facultad presidencial en un país de matriz hiperpresidencialista.

Por eso, la aprobación de la llamada "ley de superpoderes" no implica una discusión sobre diferencias de fondo. Lo que está en disputa es, simple y abrumadoramente, el principal atributo del poder: el manejo de la caja del Estado.

Actuales oficialistas y opositores han usado y abusado en períodos anteriores de los superpoderes. Kirchner, brutalmente explícito como es en lo político, transformó ese dato casi anecdótico de la discusión anual de delegación de poderes especiales desde el Congreso a la Casa Rosada en una autopista despejada, sin semáforos, con superpoderes permanente en manos del habitante circunstancial de la jefatura del gobierno nacional.

Kirchner quiere, como mucho de sus opositores, reconstruir un Estado de bienestar, y lo quiere hacer a dedo, como seguramente lo harían también sus opositores; disponiendo en éstos tiempos de vacas gordas de miles de millones de fondos públicos para gobernar sin interrogantes, cuestionamientos ni consensos.

Razonablemente, esa voluntad de manejar a dedo cientos y miles de millones traerá consigo la repetición de errores producto de la omnipotencia en la toma de decisiones, probables cursos nuevos de ríos de corrupción y aún mayor desprestigio y pérdida de valor social sobre las instituciones republicanas.

Al mismo tiempo, la paradoja de ésta historia es que aquello que quiere gran parte de la dirigencia argentina (al menos en los discursos), es decir, la recuperación del Estado, una sociedad más igualitaria y un mercado menos voraz, va por el carril opuesto al de la concentración de poder. No hay una sola experiencia internacional que permita confirmar la tesis de la igualdad y el bienestar colectivo alcanzados por el uso unipersonal del poder, la discrecionalidad brutal en el manejo de fondos y la ignorancia sistemática de las posturas de la oposición, del Parlamento y de los que no habitan, circunstancialmente, la carpa del poder.