Diputados y senadores de la provincia de Santa Fe vienen luchando desde hace años por la paternidad de la ley que garantice el libre acceso a la información de los tres poderes del Estado. La diferencia no es menor porque, además, establecerá los límites que tendrá esa garantía. Los senadores -valga la aclaración: son únicamente los justicialistas que detentan la amplia mayoría- la quieren limitada y exigen justificar el porqué se requiere conocer algún documento del Estado. Los diputados son más generosos y dejan librada dicha documentación al buen uso, a la responsabilidad del comunicador, o bien, del ciudadano interesado en tal tema.
Desde el punto de vista cronológico, se supone que es fácil conocer la Cámara de origen de un proyecto y en el presente período de sesiones no caben dudas de que es la de Diputados. Los senadores demostraron nuevamente estar interesados en querer ser autores y, antes de que Diputados apruebe el tema, presentaron un proyecto sobre el mismo asunto pero con muy diferente enfoque. Toda una picardía política.
Ahora, todo dependerá de una carátula. La decisión se conocerá el jueves venidero, cuando el Senado dé ingreso a los proyectos que proceden de la otra Cámara. La secretaría parlamentaria deberá determinar si el asunto votado por unanimidad en la Cámara Baja se adjunta al proyecto justicialista, si tiene tratamiento particular, o bien -lo menos probable-, hace adosar a él la iniciativa justicialista.
Gremios de prensa y ONGs siguen muy de cerca el proyecto, cuyas fuertes diferencias entre ambas Cámaras vienen demorando la sanción de una ley hace ya cinco años. La gente quizás se mantenga ajena a todo esto, pero debe saber que está en juego la calidad institucional de un Estado y, cuanto más sepa sobre los actos de sus gobernantes, mucho mejor para elegir. La ciudadanía también podrá preguntarse a qué le temen aquellos que pretenden limitar un derecho indiscutible para un República que se precie de tal.
