La Rioja (DyN).- El Registro Civil de La Rioja certificó la "presunción de fallecimiento" de la joven suiza desaparecida hace dos años, Annagreth Würgler, por pedido del juez Walter Moreno, que interviene en el caso.
Ante esta certificación, los abogados de los dos detenidos no descartaron reclamar que se someta a Moreno a juicio político, ya que, a su criterio, formuló la solicitud "sin que haya aparecido cadáver alguno", sostuvo la letrada Soledad Varas, defensores del detenido Alcides Cuevas.
El juez de Villa Unión informó hoy a DyN que, "a pedido del fiscal (del caso, Alberto Ocampo), solicité al Registro Civil el certificado de presunción de fallecimiento" de la joven turista suiza, quien desapareció en la zona del Parque Nacional Talampaya, el 29 de agosto de 2004.
"Se trata de casos especiales previstos en el Código Civil ante la desaparición prolongada de una persona" explicó el magistrado.
El Registro Civil, poco después del pedido judicial, certificó oficialmente la presunta muerte de Annagreth con la fecha de su desaparición.
Pero la abogada Varas consideró que esta certificación perjudicaría a Cuevas, uno de los dos detenidos por el caso, quien, según testimonios, sería la última persona que fue vista con la joven antes de su desaparición.
Cuevas es dueño de un hotel en la localidad riojana de Pagancillo, cercana a Talampaya. El otro detenido, Miguel Narváez, se desempeñaba como chofer de Cuevas.
Varas criticó al fiscal y al juez porque para ellos -dijo-, Würgler está "medio viva y medio muerta, porque se ha inscripto una presunción de fallecimiento".
Por lo tanto, el trámite del juez "puede ser causal de juicio político contra el magistrado y de allí para abajo se irán deslindando responsabilidades", advirtió.
La abogada consideró que el magistrado se "extralimitó" en sus funciones al pedir un certificado que requiere de cinco años para ser expedido y exponiendo a Cuevas a una eventual complicación de su situación.
Sin embargo, Moreno dijo a DyN que lo único que hizo es "canalizar el pedido del fiscal hacia el Registro Civil" y que el expediente no está en su poder actualmente sino en la Fiscalía, que deberá determinar "si pide la elevación a juicio o (solicita) una prórroga extraordinaria".
En todo caso, "corresponde a la Cámara Penal evaluar si se complica o no" la situación de los detenidos, manifestó el magistrado. Moreno caratuló la causa como "violación seguida de muerte".
