El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto al caso Fraticelli provocó un sacudón en la Justicia santafesina. El máximo tribunal dijo claramente que el sistema judicial de la provincia no brinda las garantías de imparcialidad que la Constitución Nacional exige.

Por ese motivo, tres nuevos conjueces deberán evaluar otra vez si Fraticelli y su esposa fueron correctamente condenados a cadena perpetua hace cuatro años.

Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, sabían que tarde o temprano la Corte nacional se iba a expedir en este sentido. Las señales en los últimos tiempos fueron numerosas y, tal vez por ese motivo, desde principios de este año se anunció en la provincia una reforma profunda del actual sistema.

Si bien este fallo de la Corte acelerará los tiempos, los cambios deberán ser analizados con detenimiento para no cometer errores que compliquen aun más las falencias que la Justicia sufre.

Los problemas se plantean desde el inicio de la investigación de los casos. De hecho, la policía suele incurrir en errores por falta de medios y de capacitación. Por este motivo, algunos de los más respetados juristas insisten en la necesidad de que funcione la Policía judicial, un cuerpo especializado que pueda garantizar la correcta recolección de pruebas desde los primeros momentos del proceso.

Otro punto a tener en cuenta es qué ocurrirá con los jueces correccionales, de Faltas y de Menores. En el actual sistema, estos magistrados son los encargados de investigar, procesar a los involucrados en los distintos casos y dictar sentencia. De esta manera, pueden vulnerarse las garantías de imparcialidad que la Corte nacional exige.

Se espera que en los próximos días la Corte Suprema de la Provincia ponga en marcha algún mecanismo de emergencia que evite otro inconveniente: en estos momentos, los mismos camaristas que intervienen en el procesamiento de los imputados, son los que deciden si la condena debe ser confirmada.

Pero resulta fundamental aclararle a la ciudadanía que no existen soluciones mágicas. Todas estas medidas tienden a brindar mayor calidad al sistema, sustentando la garantías de imparcialidad que plantean los pactos internacionales que hoy tienen rango constitucional.

Sin embargo, sería un error creer que el nuevo sistema acelerará los tiempos de resolución de los casos. De hecho, en la provincia de Córdoba, donde rige uno de los sistemas más modernos del país, el porcentaje de causas que prescriben supera con creces al de Santa Fe.

Los responsables políticos de poner en funcionamiento los cambios deberán actuar con la mayor responsabilidad, sin prometer que la nueva Justicia será una suerte de panacea y sabiendo que, indefectiblemente, será necesario volcar mayores recursos presupuestarios.

Además, no se puede olvidar que la Justicia es, en definitiva, una suerte de tamiz por el que pasan los graves problemas sociales que existen en la Argentina. Por eso, mientras no se encuentren soluciones de fondo para estas acuciantes realidades, pensar en soluciones mágicas sería un ejercicio inconducente.