Con el objetivo de hacer realidad la promesa oficial de acercar la policía a la gente y, fundamentalmente, de lograr que la sociedad recupere la confianza en las fuerzas de seguridad, el gobierno resolvió que una dependencia de la Dirección de Asuntos Internos tenga específica y exclusivamente la función de investigar el patrimonio de la policía.

"Será una división integrada por profesionales, que funcionará tanto en las delegaciones de Santa Fe como Rosario, y subordinada a la Dirección Provincial de Asuntos Internos", dijo a El Litoral el titular de la repartición, Comisario Mario Franco.

El funcionario explicó que esta jerarquización se resolvió también en función de las demandas recibidas, como consecuencia de la aplicación de la ley 12.238 (Procedimiento para la Investigación de Enriquecimiento Ilícito de Personal Policial), única norma en el país que describe el procedimiento para investigar y probar el delito sobre el patrimonio malhabido.

Para Franco, ha sido fundamental dentro del marco de estas investigaciones, que la provincia haya podido suscribir un acuerdo con la Oficina Anticorrupción, que permite acceder libremente a organismos financieros ya sean nacionales o internacionales, para contar con esas bases de datos y probar delitos sobre enriquecimiento ilícito.

Asuntos Internos a través de esta división podrá actuar de oficio o por denuncias. Franco explicó que ya podía intervenir antes de la jerarquización de esta área, pero con algunos inconvenientes.

"Antes, el policía involucrado y denunciado tenía que ir directamente a una indagatoria, y eso genera problemas procesales porque las defensas solían objetar que se caída en casos de prejuzgamientos. Ahora, con el trabajo de esta división, generamos una especie de etapa pre procesar, un estado administrativo que antes no existía. De esta forma, creamos un mecanismo para que podemos determinar nosotros si hubo irregularidad; entonces, si la evolución patrimonial no está justificada, lo pasamos al proceso penal", explicó.

Franco subrayó el mensaje que están bajando las autoridades del Ministerio de Gobierno desde que fue desplazada Leyla Perazzo de la cúpula policial provincial: "Queremos reformar esta Dirección, y hemos asumido el compromiso de tener mayor presencia para que, además de que el personal cumpla su función, se sepa que existe un organismo de respuestas permanentes".

El director insistió en resaltar como premisa "el acercamiento" con la sociedad, y para tal fin reiteró que a la brevedad se habilitará un 0-800 con el que podrán comunicarse quienes tengan intención de hacer denuncias, incluso anónimas. Por lo pronto, dijo que ya están disponibles los teléfonos de la Dirección y un correo electrónico ([email protected]). Asimismo, confirmó otra de las medidas adelantadas también por el ministro Roberto Rosúa, para habilitar diferentes delegaciones u oficinas (al menos seis en Rosario y cuatro en Santa Fe) de la Dirección con la incorporación de civiles, para facilitar la formulación de la denuncia.

"La idea es mantener las bases que tenemos ahora, activando el mecanismo de delegaciones móviles, integradas por investigadores y auditores para poder recibir sugerencias o denuncias, haciendo presencia, control y monitoreo sobre cómo es el servicio policial en determinadas localidades. Esto es al margen -aclaró- del control sorpresivo de unidades fijas y móviles".

Dichas oficinas estarán integradas por personal de Asuntos Internos y de la Subsecretaría de Seguridad Comunitaria, pero también de la Dirección General de Drogas.

"Convocamos para que haya personal de esta repartición, que si bien es dependencia sometida a control policial, también permitirá que si la denuncia tiene que ver con el tráfico de sustancias, la respuesta pueda ser dada mucho más rápido, sin tener que recurrir a otra dependencia, o favoreciendo que la denuncia quede archivada", explicó.

Sin secretos.

El Art. 5 de la ley 12238 establece que cuando para la investigación sea necesario obtener informes sobre cuestiones protegidas por el secreto fiscal, tributario, bursátil de valores, bancarios o examinar documentación privada relativa a cuestiones civiles o comerciales, podrá solicitarse auxilio jurisdiccional fundamentando la petición. Según subrayó hoy Franco, el acuerdo firmado con la Oficina Anticorrupción permitirá sortear tales barreras y acceder a información, por ejemplo, de organismos bancarios tanto nacionales como internacionales.