La inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la sociedad y una importante asignatura pendiente del Estado. A la vez, en los últimos días, volvió a convertirse en el centro de la agenda de la opinión pública y, aunque por razones colaterales a la naturaleza del problema, uno de los principales focos de atención del gobierno.

La nueva marcha llevada a cabo por Juan Carlos Blumberg y las meneadas y más bien fallidas contramarchas que se le opusieron, privilegiaron el sesgo político y hasta pretendidamente electoralista del episodio, matizando las repercusiones con imputaciones de variada laya.

En el fondo de la cuestión, sigue estando la insuficiencia de las respuestas otorgadas al reclamo y la demostración de que no existen soluciones automáticas ni unívocas.

El reclamo de Blumberg, por lo demás, nunca quedó en el mero clamor, sino que avanzó con la definición de objetivos puntuales cuya concreción se exige al poder. En esa cuerda, el Congreso reaccionó oportunamente con una serie de medidas -la mayoría de las cuales encuadra en el endurecimiento de penas-, cuya efectividad no ha sido la pretendida por quienes las alentaban.

En todo caso, esos retoques de escalas vinieron a agravar otro problema de fondo del sistema penal argentino, que es la desproporción de las penas con los bienes jurídicos protegidos en cada una de las figuras y las incongruencias que resultan por el juego de agravantes, reincidencias y acumulaciones de castigos.

Precisamente, sobre esa premisa trabajó durante muchos meses un equipo de prestigiosos juristas, cuya propuesta es un anteproyecto de nuevo Código Penal, que busca otorgar racionalidad, proporcionalidad, equidad y eficacia al sistema. El planteo de la propuesta, por caso, está en las antípodas de lo que pide Blumberg, ya que apunta a medidas como la sustitución de penas, se elimina la reincidencia como factor de agravamiento, se eleva la edad de punibilidad a 18 años y suprime algunos delitos. En rigor, el proyecto tiende a armonizar la normativa penal con las exigencias constitucionales y los pactos internacionales que revisten tal condición. Y, entre otras cosas, a corregir algunos de los efectos de las "leyes Blumberg": que en determinados casos los delitos contra la propiedad tengan penas mayores que aquellos que van contra la vida.

Por cierto, el contenido de esta reforma -que sus críticos llaman "abolicionista"- merece ser ampliamente discutido y, de hecho, fue puesto a consideración de la sociedad a través de debates públicos y sitios de Internet. Pero más allá del carácter opinable de muchas de sus previsiones y de las preocupaciones y legitimidades que alientan el discurso de Blumberg, estas concepciones opuestas deben ser ventiladas en un debate de fondo. Y, si bien toda la sociedad debe comprometerse en él, las soluciones técnicas -sean cuales fueren- deberán necesariamente pasar por las manos y la cabeza de los técnicos. Porque para que realmente sirvan, no bastan ni el dolor ni la indignación que las impulsaron, ni sirve el reduccionismo ideológico con el que se pretenda encasillarlas.