Durante la jornada de hoy comenzaban a declarar en calidad de imputados funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad de Santa Fe, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades cometidas en la instrumentación de un plan de obras públicas que debieron concretarse entre 2002 y 2005.

En la nómina figuran Jorge Bounous (Subsecretaría de Obras Públicas), Juan Carlos Caffaratti (Subsecretaría de Delegaciones), Ricardo Ruiz (Dirección de Ingeniería), Juan José Maspons (Secretaría de Obras Públicas), Alfredo Pérez (Dirección de Vialidad), Luis Lombó (Dirección de Estudios y Proyectos), Delia Godoy (Subsecretaría de Promoción Comunitaria), Víctor Hugo Ramón Frutos (Dirección de Construcciones) y Marcelo Horacio Tuma (asesor del Poder Ejecutivo).

Por la misma causa, ya se completaron las indagatorias de los siguientes funcionarios y ex funcionarios provinciales: Rodolfo Keller (Subsecretaría de Municipios), Roberto Meli (Subsecretaría de Comunas), Eduardo García (Departamento Máquinas Viales), María Cristina Pantorilla de Ascorti (Departamento de Estudios y Proyectos), Carlos Gómez Galissier (Secretaría de Obras Públicas), Claudio Tibaldo (Subsecretaría de Comunas) y Miguel Zanutti (Dirección General de Pavimentos Urbanos y Obras Comunales).

Fuentes cercanas al caso no descartaron que ésta sea sólo una primera ronda de indagatorias, que podría anteceder a una nueva nómina de imputados.

Las declaraciones se realizan ante el Juzgado de Instrucción de la Segunda Nominación, a cargo del juez José Manuel García Porta.

Lo llamativo en este caso es que en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación figuraban como terminadas 32 obras en la ciudad de Santa Fe, por lo que se enviaron remesas desde Capital Federal por un total de 539.369 pesos. Sin embargo, informes entregados por la Municipalidad a la Justicia y verificaciones realizadas por la División Judiciales de la Policía demostraron que algunas de estas obras no estaban concluidas o que parte de los fondos fue utilizada para otros trabajos.

El caso se instaló en la Justicia luego de que el 29 de diciembre del año pasado El Litoral dejara al descubierto esta situación. La noticia sorprendió, incluso, a los actuales funcionarios municipales. De hecho, demoraron varios días en esgrimir alguna explicación frente a la denuncia periodística.

El fiscal Héctor Millen intervino de oficio en este caso y en su momento envió un cuestionario a la Municipalidad para conocer detalles de cómo se había llevado adelante este programa. Paralelamente, se requirieron informes a la provincia y a la Nación, mientras la policía verificaba uno por uno el estado de las obras.

El plan funcionaba de la siguiente manera: la Municipalidad presentó los proyectos, que fueron aprobados por la Nación. Luego, el municipio comenzó a realizar las obras, mientras que la provincia debía controlar el avance de los trabajos. Una vez que éstos iban siendo certificados por la provincia ante la Nación, desde Buenos Aires se giraban los fondos correspondientes, hasta la conclusión de los trabajos.