La declaración de inconstitucionalidad de los indultos del ex dictador Jorge Videla; su ex ministro de Economía, José Martínez de Hoz y del ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy, podría acelerar los tiempos de un nuevo pronunciamiento en ese sentido contra los ex comandantes en jefe de las Juntas militares, cuya situación debe resolver la Cámara Federal en el marco de la denominada Causa 13, señalaron fuentes judiciales.

Este cuerpo se pronunció hasta el momento sobre la inconstitucionalidad de los indultos en causas donde los imputados no habían recibido condenas, como es el caso de las que investigan el accionar represivo en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, y en la Escuela de Mecánica de la Armada. Varios símbolos de la dictadura, como los almirantes Antonio Vañek, Jorge Rovere, Guillermo Suárez Mason, entre otros, perdieron la inmunidad de que gozaban, aunque las apelaciones ante la Cámara de Casación siguen manteniendo el carácter provisorio de aquellos fallos.

La decisión de la Cámara Federal sobre la Causa 13 es más compleja, porque se trata de dejar sin efecto un beneficio otorgado a los condenados en el histórico Juicio a las Juntas y por eso sigue demorada. En mayo, uno de los magistrados que la integran, Gabriel Cavallo -a la vez, el primer juez que dispuso la nulidad de la Obediencia Debida y el Punto Final-, anticipó que el pronunciamiento era inminente, pero pasaron varios meses sin que se produjeran novedades.

De hecho, la decisión de Oyharbide de dejar sin efecto los indultos a Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz se produjo antes y generó dos hechos inéditos: la eliminación de la inmunidad de un civil, el autor intelectual del proceso, y padre del modelo económico de la dictadura, y la del comandante en jefe de la primera Junta militar.

Videla es el único de los integrantes de aquel gobierno dictatorial que se ve afectado por estas medidas. Condenado a reclusión perpetua junto a Emilio Massera y Orlando Agosti, y beneficiado en 1990 por el indulto del ex presidente Carlos Menem, cumple prisión domiciliaria por dos causas en las que se encuentra procesado: el Plan Cóndor y el robo sistemático de bebés durante la dictadura. Massera fue declarado incapaz y Agosti murió luego de cumplir su condena, al igual que sus sucesores en la Junta, Roberto Viola y Armando Lambruschini, quienes habían sido condenados a 16 y 8 años de prisión, respectivamente.

Hace más de un año que los abogados Alicia Palmero, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, y Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, formularon un planteo ante la Cámara Federal para que los indultos a los ex comandantes fueran dejados sin efecto. La verdadera traba, no obstante, no está en este fuero, sino en la Cámara de Casación Penal, donde se acumulan todos los expedientes que podrían llegar a la Corte Suprema en busca de una sentencia definitiva.

Los organismos de Derechos Humanos aseguran que el expediente de la ESMA, que en primera y segunda instancia logró la inconstitucionalidad de los indultos, está empantanado en Casación desde hace ya un año, al igual que la causa del Primer Cuerpo del Ejército y la de Campo de Mayo. Advierten que en ese cuerpo predominan los jueces designados por el menemismo y hasta algunos heredados de la dictadura, y que el argumento con el que justifican la demora de su pronunciamiento -la complejidad del expediente- es falso, porque se trata de una cuestión de "puro Derecho", es decir que no requiere evaluación de la prueba, sino una definición sobre la posibilidad o no de indultar crímenes aberrantes y de lesa humanidad.