La orden de prisión, de la que informa hoy la prensa, fue dictada ayer por un juez federal del Estado de Mato Grosso pero no podrá ser efectuada esta semana por la policía debido a que la legislación electoral sólo permite la detención de electores en casos de flagrante en los cuatro días anteriores a las elecciones.

Entre las personas cuyo arresto fue ordenado se halla Freud Godoy, un funcionario del entorno de Lula que trabajaba como asesor especial para la presidencia.

La orden también se extiende al ex analista de riesgo del comité de campaña del jefe de Estado Jorge Lorenzotti, al ex secretario del Ministerio de Trabajo Oswaldo Bargas, al destituido director de riesgo del estatal Banco de Brasil Expedito Afonso Veloso, al abogado Gedimar Passos y al empresario Valdebram Padilha.

Todos están vinculados con el PT, la formación fundada por Lula en 1980 y con la que gobierna desde el 2003, y han sido implicados en el escándalo por la negociación de un conjunto de falsas pruebas contra adversarios de la formación socialista en las elecciones del próximo domingo.

Passos y Padilha fueron detenidos el 15 de septiembre pasado con cerca de 1,7 millones de reales (unos 800.000 dólares) en su poder con los que pretendían pagar por las falsas pruebas.

El dinero estaba en billetes de real y de dólar y la policía ya confirmó que los dólares ingresaron legalmente al país aunque aún no ha podido establecer a quién pertenecían realmente.

El dossier fue ofrecido por un empresario procesado por un millonario fraude al Estado mediante la venta de ambulancias a precios exorbitantes e incluía supuestas pruebas de corrupción contra los candidatos del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) a la presidencia, Geraldo Alckmin, y a la gobernación de San Pablo, José Serra.

El caso generó un escándalo cuando sólo faltaban 15 días para las elecciones, en las que Lula aparece como claro favorito, con cerca del 50 por ciento de las intenciones de voto y la posibilidad de garantizar la reelección sin necesidad de disputar una segunda vuelta.

La nueva onda de acusaciones de corrupción contra personas vinculadas con el PT le dio munición a la oposición para atacar a Lula en las dos últimas semanas de campaña y obligó al jefe de Estado y a su partido a separar de sus cargos a ocho personas, entre ellos el actual presidente del PT, Ricarto Berzoini, que era jefe del comando de campaña.

El propio Lula admitió la semana pasada que, ante las repercusiones negativas del escándalo, existe la posibilidad de que las elecciones sólo sean definidas en la segunda vuelta, prevista para el 29 de octubre en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos.

Según fuentes judiciales, las seis personas cuya prisión fue solicitada sólo podrán ser detenidas después del 3 de octubre, cuando concluye el período en que la legislación electoral garantiza la libertad de electores.

Uno de los principales ministros del gobierno brasileño dijo que si el presidente Lula es reelecto convocará a un "pacto político" con la oposición, a la cual llamó a detener el "juego electoral" después de los comicios.

"Si ganara, (Lula) va a llamar a todas las fuerzas democráticas para un pacto político", dijo el ministro de Relaciones Institucionales, Tarso Genro.

Ese pacto debería centrarse en temas como la reforma política, para sanear el funcionamiento de un Congreso desprestigiado por las acusaciones de corrupción, y para asegurar el voto del Presupuesto.

Genro dijo que el pedido hecho por la alianza que apoya la candidatura del socialdemócrata Geraldo Alckmin para impugnar la candidatura de Lula debía considerarse parte del "juego electoral", pues de lo contrario sería "golpismo".

"Si eso permanece en el juego electoral, es algo normal (...). Pero si continuara después de la victoria del presidente Lula, se convertiría en el más elemental golpismo de tercera categoría, inaceptable para el pueblo que va a escoger a su candidato y a su presidente", advirtió Genro.

Si Lula gana, deberá pactar alianzas con otras fuerzas políticas para asegurar la gobernabilidad, ya que el PT carecerá de mayoría y deberá reponerse de una nueva crisis, que implicó en el escándalo de la compra de documentos a su secretario general, Ricardo Berzoini.