Con un contexto nacional de tarifas congeladas del que difícilmente Santa Fe se aparte, la EPE tiene este año 80 millones de razones para enfrentar el hurto de energía eléctrica.

Esa es -en pesos- la pérdida que anualmente provocan los enganchados en los barrios pobres, con sus conexiones irregulares e inseguras, y también los sectores medios -y no pocas veces altos- que aunque se trate de clientes regulares con su correspondiente facturación, en parte recurren a artilugios varios para cometer este tipo de fraudes, muy parecidos a los que antes sólo abundaban en los bordes urbanos.

Ya se sabe que la necesidad de poner al día las inversiones en infraestructura de la distribuidora, será cubierta -al menos parcialmente- con recursos corrientes del Estado provincial, tal como hoy ocurre con Aguas Santafesinas, y endeudamiento. (En junio último la EPE recibió una partida de 40 millones de pesos, proveniente del Tesoro provincial).

Durante 2006, no pocas veces se habló de la existencia de un déficit operativo en la EPE. Y el propio interventor ha dicho que "para que la empresa tenga destino" debe terminarse el agujero negro del fraude.

Respecto de 2005, el hurto cayó -por primera vez en décadas- al menos en un punto. Pero hoy se estima que el 22,7% de la energía distribuida se consume y no se paga.

Una parte (menos de un dígito) corresponde a pérdidas técnicas, inevitables, el resto resulta insoportable para el equilibrio de la compañía estatal.

El objetivo que la EPE se ha fijado es bajar otros cuatro puntos antes de fin de año, y lo mismo durante 2007, en pleno período pre-electoral. El tema aún no está en la agenda de los posibles candidatos a la Casa Gris.

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