El interventor de la EPE reclamó hoy abiertamente ante los diputados de la Comisión de Obras Públicas, que incluyan en el proyecto de presupuesto provincial 2007, una partida para subsidiar los denominados casos sociales, que hoy se "enganchan" y hurtan electricidad en la provincia.

"La energía que la EPE destina a pobres y carecientes representa unos 35 millones de pesos que se pierden por robo. Basta con recorrer los barrios para ver la cantidad de enganchados que hay", dijo Luis El Halli Obeid.

En el día de su cumpleaños número 54, el funcionario concurrió a la comisión legislativa para discutir el futuro de la empresa y explicar las políticas que se prevén ante la crisis del sector.

En el momento de la exposición en el que se desgranaban los millones que la EPE pierde por fallas técnicas, fraude y hurto, el funcionario reclamó que en el presupuesto que ingresa mañana a la Legislatura, se incorpore un subsidio (a instancia de los diputados, si es que el Ejecutivo no lo previó), para poder sumar al mercado de consumo a los miles de enganchados de barrios pobres.

"Promoción Comunitaria haría un relevamiento de los consumidores que estarían en estas condiciones y a la larga, deberíamos tender a que haya una cuota social que se pague fija. Mientras tanto hay que hacer las inversiones; el problema es quién invierte en un lugar donde no va a recuperar nada y donde hasta podría aumentar la canilla libre", planteó.

Consultado luego por el Litoral, dijo que la empresa ya está haciendo algunas experiencias piloto en barrios como Arenales y Estrada de esta ciudad, donde asistentes sociales relevan la situación, y los usuarios pagan una cuota de 25 pesos que equivalen a unos 400 kw hora por bimestre.

"Por lo menos -dijo el funcionario -devolverían el valor de la energía que la EPE compra. Y hablamos de 25 pesos porque éso es lo que cuesta una garrafa social de 10 kilos. A la vez, se les debería medir el consumo y colocar un limitador, para que corte el servicio cuando se exceden".

Argumentando la medida, el funcionario planteó la posibilidad de evitar la precariedad y riesgos que implica el enganche, y de reducir el déficit de la empresa (ver La Clave) con el subsidio estatal..

Durante más de dos horas de exposición, el funcionario exhibió cuadros, gráficos y cifras acerca del funcionamiento de la empresa, del consumo que se da en la provincia en los diferentes sectores, y de las inversiones previstas.

Arrancó sin soslayar que el problema energético se plantea en todo el país; mostró curvas que evidencian la desinversión a partir de 2001 que llevaron a que la generación y la demanda estén casi "empatadas", y se detuvo, por ejemplo, en el anuncio para construir una usina en Timbúes.

"Se trata de un generador que se pagará con plata que el Estado nacional le debe a las generadoras. Éstas aceptan construirlas, pero reclaman un contrato. Allí está la gran discusión, porque a cambio de la construcción de la usina, los generadores reclaman saber en cuánto tiempo lograrán el recupero de lo que invierten. Y allí entran en juego también las tarifas, que a la vez impactarían en la inflación y en los salarios. Creo que hoy, el gobierno nacional está preso de ese esquema", expuso ante los legisladores.

Con respecto al sector industrial, que a partir de la última resolución nacional debería tender a la autogeneración de energía, el funcionario planteó como alternativa para la provincia teniendo en cuenta su perfil alimenticio (oleaginosa, carnes y lácteos), que se reaproveche la generación de vapor.

"El vapor, inherente a esos procesos alimenticios, se produce con combustible, generalmente el mismo que se emplea para la generación eléctrica (gas). Entonces, producir vapor y consumir energía eléctrica deberían encontrar un lugar común para abaratar y hacer más eficiente el sistema. Entonces, si los grandes usuarios de la EPE tuvieran módulos de producción de vapor y electricidad similares, que optimizaran el uso de gas, con el mismo gas estaríamos haciendo el equivalente de las dos cosas", explicó.

El interventor admitió que es un plan de largo plazo, pero confió en que resolvería el problema para los empresarios y facilitaría los inconvenientes de transporte de energía que hoy tiene la EPE. El quid de la cuestión es poder garantizar ese gas como materia prima para las empresas.

En el consumo domiciliario, en tanto, el panorama para el corto y mediano plazo en Santa Fe sigue siendo problemático. Obeid repasó el plan de inversiones de más de cien millones de pesos que la provincia prevé ejecutar en 2006, pero reconoció que la situación seguirá siendo crítica por unos años.

"Desde el 2007 tendremos que gestionar la demanda, hasta que se normalice la oferta de energía. La crisis del sistema energético seguirá hasta el 2009; la prueba de fuego la tendremos en 2007 y 2008", dijo ante los diputados.

Después, en diálogo con El Litoral, reiteró que las tarifas "planchadas" incentivan el consumo energético "irracional" y el derroche.

"En ese período (de crisis) no sólo vamos a tener que controlar los aires acondicionados, sino también los calefactores en invierno. Gestionar la demanda implica lograr conductas; para eso empezamos con los grandes clientes. El tema -sostuvo- es que no podemos fallar en estos procesos de organización y en la transferencia de conciencia de la población".

Por lo pronto, los cortes del verano probablemente vuelvan a sufrirse.

"Pero no son por falta de energía -aclaró-; la luz se corta por falta de cobre. El diámetro de los cables es muy chico para la fabulosa demanda de algunos días de calor, y no se pueden cambiar por sólo 10 días".

Si la conducta popular no cambia, "inexorablemente -dijo el interventor- va a venir un castigo económico muy duro al consumo excedido".

De todas maneras aclaró que por ser una cuestión tarifaria, no es una medida que pueda aplicar la provincia.

Si bien gran parte de la reunión fue consumida por datos alusivos a la situación de la empresa y a sus políticas, quedó planteada en el ambiente la discusión acerca de la figura jurídica que debe tener la EPE.

Uno de los legisladores preguntó directamente al interventor su opinión respecto de los diferentes proyectos sobre el tema que hoy se discuten en la Legislatura. Luis El Halli Obeid advirtió que más allá de la figura jurídica por la que se opte, lo imprescindible es que la empresa tenga control.

"La EPE conviene que trabaje bajo control y lo que importa son los parámetros: cuántos cortes por año, cuánto tiempo, cómo hay que resarcir. Eso no es ni siquiera un marco regulatorio; es una base mínima de exigencia que hoy no existe ni por la Ley de Obras Públicas ni de Contabilidad", explicó.

Después, casi al final del encuentro, sobrevino una discusión sobre si debe o no mantenerse la figura de la intervención, que hoy rige en la empresa. Algunos legisladores de la oposición y hasta la justicialista Adriana Cavutto, plantearon la necesidad de volver a la ley 10.014, para terminar con la intervención y dar paso a la constitución de un directorio. Pero Luis El Halli Obeid disintió con tal propuesta.

"Si alguna vez hubo condiciones especiales para intervenir, son éstas: condiciones altamente críticas, necesidad imperiosa de alta ejecutividad -ratificó ante El Litoral. Agregarle el rol deliberativo a la EPE, metiendo a los usuarios en el directorio, es una cosa de locos en este momento. Lo que hay que ponerle es un alto nivel de ejecutividad y control", insistió.

Funcionarios de la Empresa Provincial de la Energía se reunieron ayer con representantes de las cooperativas eléctricas de la provincia, de la misma forma que la semana pasada lo hizo primero con industriales y luego con otros grandes consumidores agrupados en la Asociación Empresaria de Rosario.

La EPE ha decidido adelantarse al verano, para "ordenar la demanda" y evitar la posibilidad de que ésta supere a la oferta de energía, durante los picos de consumo en los horarios pico: de 18 a 23 horas.

Fueron invitadas las 65 cooperativas que distribuyen energía eléctrica en sus respectivas jurisdicciones, que representan un poco más del 10% del total operado en la provincia. Abastecen aproximadamente a 100.000 clientes.

Asistieron representantes de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face), de la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos (Fescoe), de las cooperativas más importantes como Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Avellaneda y Chabás, entre otras.

En el encuentro se suministró información valiosa para acordar acciones conjuntas de gestión de la demanda, uso eficiente de la electricidad y otras acciones que, sumado a las medidas resueltas en el orden nacional, procuran acompañar el crecimiento productivo provincial, posibilitando su abastecimiento energético.

Los modos de la gestión de la demanda que propicia la EPE están basados, fundamentalmente, en lograr acuerdos de traslado de carga, corrimiento del consumo de horario pico a fuera de pico, traslado de día hábil a semi-hábil o feriado, acuerdos de reducción de carga y compromiso de coordinación en el tiempo de los mantenimientos anuales programados de las plantas.

La EPE se comprometió a satisfacer "las expectativas manifestadas por el sector cooperativo, en cuanto a la coyuntura eléctrica nacional" y buscará "replicar las acciones que se vienen llevando adelante con los grandes clientes, la pequeña y mediana empresa y el sector comercial, entre otros", subraya un comunicado de prensa.

El déficit

El pedido de $ 35 millones de la EPE al Tesoro santafesino para soportar el costo de los enganchados, sorprendió a algunos de los legisladores. Sin embargo, no es la primera vez que la empresa cuenta con un subsidio estatal en lo que va del año. Terminaba junio cuando el Ejecutivo santafesino comunicó a las Cámaras su decisión de enviar a la EPE una partida de $ 40 millones, como asistencia financiera para hacer obras que históricamente financiaba la empresa. El decreto lleva el N° 1336/06.